Así lo explica en una respuesta parlamentaria a la diputada de UPyD Rosa Díez. El Gobierno central por fin ha reconocido que está al tanto de que existen “determinadas denuncias” de empresarios cuyos casos sigue “con atención y seriedad” la diplomacia española. Se refiere a los afectados por la extorsión en Marruecos, a los que recomienda acudir a los tribunales de justicia marroquíes o españoles.
En esencia, esto es lo que viene a responder el Ejecutivo de Rajoy al interés mostrado por la diputada de UPyD, Rosa Díez, que preguntó por escrito en el Congreso por las gestiones hechas en relación a las denuncias de extorsión realizadas por empresarios, sobre todo, catalanes y andaluces, que han invertido en Marruecos.
La respuesta parlamentaria a Rosa Díez, a la que ha tenido acceso El Faro, está fechada el pasado 15 de abril. En ella el Gobierno de Rajoy comienza reconociendo a la diputada de UPyD que en Marruecos hay implantadas 800 empresas españolas de todos los tamaños y sectores, que en el país vecino se concentra el 37% de las inversiones en África y que las exportaciones nacionales en 2012 ascendieron a 5.294 millones de euros, un 28% más que el año anterior, frente a unas importaciones de 2.956 millones.
Asimismo subraya que Marruecos es el primer mercado de España en África y el noveno a nivel mundial fuera de la Unión Europea y Estados Unidos.
La respuesta parlamentaria también apunta que España y Marruecos han suscrito un acuerdo para la promoción y protección recíproca de inversiones, en vigor desde el año 2005.
Con esto viene a reconocer que “desde el punto de vista económico las relaciones bilaterales entre España y Marruecos ofrecen un panorama muy positivo” que se debe, entre otros, “al apoyo de ambos gobiernos”.
Al hilo de estas explicaciones, el Gobierno aprovecha la oportunidad para halagar “el esfuerzo” que las autoridades de Marruecos “dedican a la mejora del ambiente de negocios, la seguridad jurídica y las prácticas administrativas”.
No obstante, reconoce que “dado el elevado número de empresas españolas que han establecido relaciones contractuales con contrapartes marroquíes, es inevitable que puedan surgir y de hecho surgen esporádicas desavenencias entre operadores económicos, aunque su importancia cuantitativa debe relativizarse en el contexto global señalado, que es muy satisfactorio”.
Aún así, el Gobierno reconoce en su respuesta a Rosa Díez que el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación “es consciente de la aparición de determinadas denuncias” y que “sigue con atención y seriedad estos casos”.
Para demostrarlo, recuerda que la Oficina Económica y Comercial de España en Rabat se ha reunido en diferentes ocasiones con el presidente de la Asociación de Afectados por la Extorsión en Marruecos y con empresarios que suscriben denuncias. También admite haber mantenido un encuentro recientemente con cuatro empresarios españoles que alegaban haber sido estafados en Marruecos.
“En todos los casos, las denuncias han sido objeto de seguimiento y gestiones antes las autoridades marroquíes”, aseguran.
