La Asociación de Empresarios Afectados por la Extorsión en Marruecos acusan a una alta funcionaria española de Europa de torpedear una reunión concedida por la UE.
La Asociación de Afectados por la Extorsión en Marruecos acusa a la responsable española de la Dirección General de Comercio Exterior y Relaciones con los Países Mediterráneos y del Mediano Oriente en la UE, Sofía Muñoz, de bloquear una reunión concedida por la Comisión Europea a los empresarios nacionales damnificados por presuntas estafas y arbitrariedades cometidas por una compañía que ellos aseguran que está participada por el Estado marroquí.
Según comentó ayer a El Faro Francisco de Arratia, presidente de la asociación que aglutina a los empresarios extorsionados en Marruecos, los eurodiputados del PNV lograron que altos cargos de la Comisión Europea accedieran, por escrito, a mantener una reunión con los representantes de los damnificados.
La respuesta de Sofía Muñoz
“Todos ellos confirmaron estar dispuestos a atender problemas concretos que enfrentan a empresas europeas con terceros países y luchar contra cualquier práctica ajena a la legalidad”, apuntó De Arratia.
Sin embargo, añade, “el Gobierno de España no sólo está bloqueando la posibilidad de escuchar (a los empresarios extorsionados) en España, sino que también mueve ficha para taponar cualquier oportunidad de exponer ante la Comisión Europea los graves acontecimientos que viven empresarios españoles en Marruecos”.
El Faro ha tenido acceso a la respuesta enviada por Sofía Muñoz a la eurodiputada del PNV, Izaskun Bilbao, quien exigió por escrito una explicación sobre el rechazo de la reunión con los empresarios extorsionados en Marruecos.
En la misiva, la alta funcionaria española se disculpa por el retraso en su respuesta. También admite que los problemas denunciados por los empresarios “parecen estar en contradicción con el Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y Marruecos”, pero niega que puedan “decir que Marruecos haya violentado ninguna cláusula” del acuerdo por lo que afirma que no le parece “apropiado” organizar una reunión técnica sobre el tema.
En más de una ocasión los empresarios extorsionados en Marruecos se han quejado de que el Gobierno de España no trate con la misma deferencia a las grandes empresas que cotizan en el Ibex 35 y que han sufrido expropiaciones en Latinoamérica, que a las pequeñas y medianas empresas que sufren tratos similares en Marruecos.
Empresarios españoles acusan a una empresa participada por Rabat
La Asociación de Afectados por la Extorsión en Marruecos (AAEM) acusa a Inmolog, perteneciente al Grupo Douja Prom Addoha, de estar detrás de las extorsiones a empresarios españoles. Según el presidente de AAEM esta compañía está participada a medias por el Grupo Douja y por el Estado marroquí. De ahí que el representante de los extorsionados, Francisco de Arratia, se pregunte si el Gobierno de Marruecos ignora las extorsiones o está detrás de estas prácticas.
Según explica De Arratia, los altos comisionados de la UE que en principio accedieron a entrevistarse con los extorsionados españoles aseguraron tener denuncias privadas sobre el tema.
“Los numerosos casos de atropello”
La Asociación de Afectados por la Extorsión en Marruecos (AAEM) ha denunciado ante del Parlamento Europeo “los numerosos casos de atropellos” de intereses españoles en el país vecino. La denuncia, según explicó a El Faro el presidente de la asociación, Fernando de Arratia, recogía el testimonio de empresas, sobre todo andaluzas y catalanas del sector de la construcción, que “fueron agredidas y desposeídas de sus bienes por el grupo marroquí Douja Prom Addoha”.
La AAEM pidió en enero pasado a la Eurocámara que clarificara lo ocurrido. Se refiere a casos como los de “un constructor español que levantó una fase de apartamentos de alto ‘standing’ en Tánger y llegó la Gobernación Civil, le dijo que las normas urbanísticas habían cambiado y le tiró la urbanización sin indemnizarle, pese a que muchos pisos ya estaban vendidos”.
O al de “otro empresario que puso un aval para hacer una obra con el Colegio de Abogados de Rabat y luego le dijeron que la obra no se haría y que no podían devolverle el aval porque no había dinero”. Incluso “un caso de una empresa de pesca con dueños españoles, rusos y franceses a la que le pusieron un gerente judicial que se quedó con la empresa”.
