El presidente del Gobierno autonómico cree que convocar dos paros generales en nueve meses sólo trae “problemas” y asegura que el de mañana únicamente servirá para “ofrecer una imagen nefasta de España en el exterior”, algo que “no le viene nada bien”.
El presidente del Gobierno local, Juan José Imbroda, se mostró ayer en contra de la huelga general convocada por los sindicatos para mañana. En declaraciones realizadas a los medios de comunicación, subrayó que lo necesario ahora es “arrimar el hombro para sacar el país adelante” y consideró poco propicio el momento para realizar un paro de estas características por la situación económica en la que se encuentra sumida España.
Imbroda recalcó que es la segunda huelga general durante la presente legislatura, habiéndose celebrado la primera el pasado 29 de marzo. En su opinión, la postura de los sindicatos contra la gestión política de Mariano Rajoy es “un disparate” y señaló que este tipo de medidas “no aportan soluciones, al contrario, sólo generan más problemas para la economía nacional”.
“España necesita ahora que le demos un empujón entre todos para volver a la senda del crecimiento económico”, aseveró. “Una huelga ahora no nos viene nada bien, lo que toca es arrimar el hombro para salir de la crisis”, insistió.
El presidente autonómico también recalcó que España ofrecerá una imagen internacional “nefasta” que no favorecerá en nada a los intereses del país. En este terreno, comparó la situación con la de Grecia, generalmente noticia por las protestas ciudadanas en contra de los recortes de su Gobierno.
“Yo no iría a la huelga”, añadió, “del mismo modo que defiendo cosas como el cambio de la ley de desahucios, considero que un paro de este tipo no traerá ningún tipo de soluciones ni servirá para generar empleo. Lo que debemos hacer es dar imagen de país unido, fuerte, potente y que trabaja para salir de la crisis. Dos huelgas generales en apenas nueve meses son un auténtico disparate”, insistió el presidente Imbroda.
Aunque no ofreció detalles sobre los servicios mínimos de la Ciudad Autónoma para mañana, subrayó que ya se discutió sobre el asunto en el Consejo de Gobierno del pasado viernes.
Melilla afronta mañana, junto con el resto del país, la segunda huelga general del 2012. En la primera, que tuvo lugar el pasado 29 de marzo, el seguimiento fue del 4,6% entre los funcionarios dependientes de la Administración del Estado y del 2,5% entre los de la Ciudad Autónoma. Por su parte, las organizaciones sindicales aseguraron que el 48% de los melillenses secundó el paro.
El presidente aboga por cambiar la ley de desahucios.
El presidente del Ejecutivo melillense, Juan José Imbroda, se mostró ayer a favor de modificar la ley hipotecaria al considerar que se trataría de una medida “justa” para con el conjunto de la ciudadanía española. En declaraciones realizadas a los medios de comunicación, el máximo dirigente del Gobierno local subrayó que últimamente “todo se ha vuelto un poco loco”.
“No se puede estrujar más a la gente”, lamentó el presidente autonómico, quien mostró su apoyo a aquellas familias “que los están siendo machacadas por unos intereses y unas cargas financieras muy abusivas”. Asimismo, insistió en que los poderes políticos deben hallar una explicación al ingente incremento de desahucios para “alcanzar acuerdos y tomar medidas al respecto”.
“De la misma forma que defiendo que en la clase política se deben depurar responsabilidades por la vía judicial en caso de que exista una mala gestión de recursos públicos, creo que debería ocurrir igual con el sector financiero. En lo más alto, en la cúpula, hay personas que se han hinchado. Han hecho un mal trabajo y son los ciudadanos los que lo están pagando”, lamentó el máximo dirigente del Ejecutivo melillense.
Hay que recordar que el suicidio de la ex edil socialista de Eibar, Amaia Egaña, el pasado viernes cuando la iban a desahuciar ha provocado un clamor popular que demanda que se modifique el marco legal para este tipo de situaciones.
Un día antes, la abogada general del Tribunal de Justicia de la UE (TUE), Juliane Kokott, dictaminó que la ley española de desahucios vulnera la normativa comunitaria porque no garantiza una protección eficaz de los consumidores.
