Los nuevos recortes que ayer anunció el presidente del Gobierno forman parte de la lista de duras recomendaciones que impuso la Unión Europea a España para la concesión de una ayuda bancaria. El compromiso de hasta 100.000 millones para ‘salvar’ a las entidades financieras tiene como contrapartida un ajuste de 65.000 millones a cumplir en dos años y medio. Lo pagaremos gastando menos e ingresando más a base de reducir prestaciones y aumentar los impuestos, una fórmula que se viene repitiendo en los últimos meses.
Son nuevos sacrificios que se piden a los ciudadanos sin ninguna garantía de que vayan a ser los últimos. Sólo se insiste en que son necesarios porque el país no tiene más alternativas frente a la crisis financiera que mantiene agarrotada su economía. Con este argumento se han adoptado decisiones sobre asuntos que se creían intocables hasta hace unos años, especialmente en el ámbito de los funcionarios, de prestaciones sociales como el desempleo o de los derechos y privilegios de los cargos públicos. Las exigencias en forma de recomendaciones que vienen desde la Unión Europea no permiten el ajuste fino y progresivo. El presidente Rajoy se vio obligado a anunciar ayer en el Congreso una tras otra, a cuál más dura, todas las medidas con las que pretende sumar esos 65.000 millones de ahorro, muchas de las cuales aprobará mañana el Consejo de Ministros. “Ningún país del mundo puede permitir que su sistema financiero caiga”, manifestó el presidente del Gobierno ante los diputados para reforzar la necesidad de tomar esas medidas, “que mucha gente puede que no entienda”. Sin embargo, la mayor o menor capacidad de los ciudadanos para entender no exime a los responsables políticos de dar las pertinentes explicaciones para tratar de aclarar cómo el país ha llegado a esta situación y quiénes son los responsables del desastre.
