Solo seis de las 21 sociedades y cinco de los 24 autónomos que resultaron adjudicatarios de los contratos menores investigados en el caso Santiago-Rusadir operaban antes de que Coalición por Melilla (CpM) entrara en el Gobierno de la Ciudad Autónoma, que compartió con el PSOE entre 2019 y 2023. Es uno de los datos que la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional considera reveladores en el atestado-informe 15025/26, al que ha tenido acceso El Faro y que consta en la causa que instruye la Plaza 2 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Melilla.
El informe, de 137 páginas, divide la presunta organización en cuatro niveles: el vértice, que ocupa el presidente de CpM, Mustafa Aberchán; el aparato de financiación, formado por los consejeros y viceconsejeros que adjudicaban; el empresarial y el de compra de voto. Los investigadores subrayan que sus conclusiones son presunciones que deberán valorar la jueza y la Fiscalía.
Según la UDEF, el aparato empresarial lo integran sobre todo empresarios que iniciaron su actividad con la llegada de CpM al Gobierno. Varios son familiares o allegados de responsables políticos del partido, y otros, empresarios “ficticios” que solo tendrían actividad mercantil para optar a contratos públicos.
El atestado describe un interés compartido: los empresarios obtenían dinero público y los políticos conservaban el poder. Participar en el fraude electoral era su vía para seguir recibiendo “el favor político”. Su función sería convertir en efectivo el dinero de los contratos, mediante comisiones, reparto de beneficios con el aparato de compra de voto o la compra directa de votos.
La tabla principal del aparato empresarial incluye a unas 30 personas, a las que se atribuye fraude en la contratación y pertenencia a organización criminal, y a algunas también falsedad documental o delito electoral. El informe destaca a A.B. e I.A.M., que participaban en decisiones estratégicas.
La UDEF propone además imputar pertenencia a organización criminal a dos empresarios investigados hasta ahora solo por fraude en la contratación: M.B.C., al que considera artífice de los contratos que recibieron su yerno y un empleado suyo, y S.M.T., con una larga relación con la organización, según el informe.
Según las conversaciones intervenidas, el consejero decidía de antemano quién iba a ganar cada contrato, con el visto bueno de Aberchán. Después, el propio empresario elegido indicaba qué empresas debían ser invitadas para simular una competencia que no existía. En un caso, A. B. remitió al entonces consejero de Medio Ambiente las tres empresas que había que invitar a un contrato que terminó en su sociedad, con el mensaje “Estas son las 3”.
En la Consejería de Distritos, la única a la que la UDEF atribuye esta práctica, eran a veces los propios empresarios quienes redactaban el presupuesto o la memoria de las obras que después se les adjudicaban. Ese departamento empezó a contratar obras de forma “frenética” a mediados de 2022, sin competencias ni técnicos propios. Como nadie certificaba los trabajos, los investigadores sospechan que algunas se pagaron sin ejecutarse, extremo pendiente de periciales.
El informe enumera 18 tipos de irregularidades, entre ellas “ruedas” de invitados que nunca compiten, ofertas que se diferencian en céntimos, testaferros, plazos muy cortos y suplantación de identidad de empresarios.
La UDEF calcula que el presunto fraude electoral se financió con 371 contratos menores que suman 7.559.093,27 euros. La mayoría salió de las consejerías de Distritos (158) e Infraestructuras (137), seguidas de Medio Ambiente (60) y Menor y Familia (16). El mayor adjudicatario investigado, S. M. D., sumó 686.123 euros en 39 contratos.
Con autorización judicial, los investigadores han analizado las cuentas de 34 empresarios. De ellos, 30 retiraron en efectivo 2.736.207,28 euros en 1.482 operaciones, un dato que el informe califica de “indiciariamente demoledor”. Las retiradas seguían el ritmo de los cobros y son compatibles, según la UDEF, con una comisión del 10%.
Ese porcentaje figura en un archivo hallado en el portátil del exconsejero de Distritos, que añadía a mano un 10% a lo adjudicado a 36 empresarios entre 2019 y 2022. La UDEF aclara que no prueba por sí mismo ningún pago y lo interpreta como una posible “auditoría” de las comisiones.
La UDEF reconstruye también el caso de una empresa de plagas. En el móvil del exconsejero de Infraestructuras, que fue responsable económico-financiero de CpM, apareció una nota de ingresos electorales con un apunte de 20.000 euros ligado a una obra en el centro de menores de La Purísima. Uno de los socios reales de la empresa retiró esa cantidad exacta entre el 21 y el 24 de abril de 2023, y a mediados de mayo la consejería le adjudicó la obra por 42.500 euros. Para la UDEF, la “mordida” se pagaba por adelantado porque hacía falta efectivo para la campaña.
El atestado recoge, además, presiones, amenazas y episodios de extorsión hacia los consejeros para conseguir contratos, agravados tras la derrota electoral de 2023 por las deudas pendientes, que el propio Aberchán cifró en 600.000 euros.
La UDEF añade ahora a casi todo el aparato empresarial el delito de financiación ilegal de partido político.
Aberchán se negó a declarar ante la jueza el pasado 23 de octubre. CpM sostiene que no se le ha notificado este atestado al que hacemos referencia y defiende la inocencia de los investigados.








