UGT señala que antes se otorgaban por un periodo de cinco años y que ahora es sólo por uno y hay que renovarlo cada vez que un contrato llega a su fin.
La Unión General de Trabajadores (UGT) de Melilla transmitió en la jornada de ayer el malestar existente en buena parte del colectivo de transfronterizos empleados en el sector de la Construcción, ya que, según aseguró el secretario de dicha Federación sindical, Abdeselam Anana, los permisos de trabajo que anteriormente se concedían por cinco años ahora se han rebajado a uno.
En declaraciones realizadas a El Faro, el dirigente ugetista recalcó que ahora se exige un permiso nuevo cuando el trabajador finaliza contrato con una constructora, algo “que no ocurría antes”, cuando no había que renovarlo hasta agotar los cinco años y reiteró que el nuevo documento sólo es válido por el plazo de uno.
La situación “causa un enorme perjuicio a los trabajadores del sector”, según Anana, ya que la realización de los trámites de renovación les conlleva un gasto “de unos 300 euros”, pues deben pagar las correspondientes tasas administrativas para la obtención de diferentes certificados tanto en España como en Marruecos, a lo que hay que sumar varios viajes entre ambos lados de la frontera.
El dirigente de la UGT señaló que están estudiando medidas para trasladar a la Delegación del Gobierno de Melilla la situación que están viviendo los trabajadores transfronterizos, lo cuales representan, según Anana, a casi un tercio de los profesionales del sector de la Construcción, compuesto “por unas 1.500 personas”.
Además, el ugetista recalcó que el malestar es tan profundo entre este colectivo laboral que se están programando una serie de reuniones en el país vecino para analizar la situación e intentar solventarla. “Están muy quemados”, agregó, “además de tener que hacer frente a una tasa de desempleo cada vez mayor, se encuentran con este escollo”.
Desde la Delegación del Gobierno, recordaron a El Faro que la concesión de estos permisos por plazo de un año está incluida en el Reglamento de la Ley de Extranjería que se aprobó en Consejo de Ministros en abril del pasado año.
El problema viene a suponer un escollo mal para el sector a nivel local, ya que tan sólo un día antes Anana conminó a ambas administraciones a potenciar la contratación de obreros residentes en la ciudad autónoma para rebajar las cifras locales del paro.
Según destacó, la mayor parte de las obras públicas están siendo ejecutadas por empresas de la península que traen sus propias cuadrillas de trabajadores, lo que provoca que los profesionales de Melilla “comiencen a sentirse en una situación desesperada”. En Ceuta, CCOO ha iniciado una serie de protestas por el mismo motivo y UGT medita hacer lo mismo en Melilla.
Anana, dos décadas luchando por este colectivo.
Equiparar las condiciones de los trabajadores que están a ambos lados de la frontera ha sido uno de los principales objetivos de Anana desde que accedió al cargo de secretario de Construcción hace dos décadas. Aunque las diferencias se han ido reduciendo, asuntos como el cobro del plus por residencia a los transfronterizos se han convertido en uno de sus principales caballos de batalla al frente de la Federación.
Desde mayo del 2010 instó a la patronal a sentarse en la mesa de negociaciones para abordar esta cuestión. Sin embargo, ante la falta de acuerdo entre ambas partes, el caso llegó ante el Juzgado de lo Social, que en 2011 falló en contra de los planteamientos del sindicato, recalcando que eran de difícil aplicación.
Ahora parece dispuesto a echar un nuevo pulso para seguir mejorando las condiciones laborales de los obreros transfronterizos. Su intención es trasmitir a la Delegación del Gobierno cuál es la situación con la esperanza de alcanzar alguna solución, aunque desde esta institución ya han remarcado que el Reglamento que afecta a este colectivo laboral se aplica desde hace más de un año.
