Las redes informáticas de los colegios e institutos de Melilla tendrán vigilancia ininterrumpida durante los próximos dos años frente a intrusiones, programas maliciosos e intentos de robo de información. El Ministerio de Educación ha impulsado la contratación de un servicio especializado en ciberseguridad para los centros de la ciudad y de Ceuta, que funcionará las 24 horas del día, los siete días de la semana, según ha avanzado Vozpópuli. Se trata de una medida preventiva: el pliego técnico no recoge ningún ataque previo ni la sustracción de datos.
El servicio se articula en torno a un centro de operaciones de seguridad, conocido por sus siglas en inglés como SOC, y a herramientas de gestión y análisis de eventos de seguridad (SIEM). Su función es observar de forma continua lo que circula por las redes, relacionar señales que por separado podrían parecer inofensivas y lanzar una alerta cuando aparezcan indicios de un posible ataque.
En el caso de Melilla, la documentación técnica describe una red de fibra óptica con seis nodos a los que se conectan los centros educativos. Todo el tráfico atraviesa un cortafuegos del Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación del Profesorado (Intef).
Esa misma infraestructura sirve, además, para transportar comunicaciones de la Ciudad Autónoma a través de redes separadas de forma virtual. Esta arquitectura hace especialmente relevante controlar qué tráfico circula por ella y detectar cualquier actividad anómala.
Según el pliego técnico, el servicio deberá vigilar la presencia de programas maliciosos y de ransomware, un tipo de ataque que bloquea sistemas o archivos para exigir un rescate a cambio de liberarlos. También tendrá que detectar intentos de acceso no autorizado, el uso indebido de credenciales y la posible extracción de información.
La vigilancia alcanza asimismo a las conexiones sospechosas, a las vulnerabilidades de los sistemas y a cualquier cambio en la configuración de los dispositivos de seguridad.
El contrato no se limita a emitir avisos. Contempla también el análisis de los incidentes y la aplicación de medidas de contención, como el bloqueo de direcciones IP, la suspensión de credenciales comprometidas o el aislamiento de los equipos afectados. Estas actuaciones se llevarán a cabo de acuerdo con los procedimientos y autorizaciones establecidos.
Un ataque contra la red educativa podría provocar la interrupción de servicios, la infección de equipos o el acceso indebido a información. Alumnos, docentes y personal administrativo podrían verse afectados si un incidente llegara a comprometer los sistemas que utilizan a diario.
El documento, sin embargo, no identifica ningún ciberataque concreto contra la red educativa ni acredita que se hayan sustraído datos. Tampoco señala a ningún país u organización como posible responsable, ni detalla qué datos personales podrían quedar expuestos.
La contratación fija las capacidades que debe reunir el servicio para anticiparse a las amenazas y reaccionar en caso de detectar señales de intrusión. El objetivo es identificar cualquier alarma antes de que una incidencia se convierta en un problema mayor para los centros educativos de Melilla.
