Melilla busca un nuevo espacio de coworking con el que reforzar el apoyo a los proyectos tecnológicos, las empresas emergentes y los profesionales vinculados a la innovación y la economía digital. El Gobierno local ha iniciado los trámites para contratar durante un periodo de 12 meses un servicio integral de utilización de un recinto de trabajo colaborativo, con un coste aproximado de 60.000 euros.
La iniciativa responde, según las memorias a las que ha tenido acceso este periódico, al crecimiento experimentado en los últimos años por el ecosistema emprendedor y tecnológico de Melilla y a la necesidad de contar con instalaciones suficientes para desarrollar programas de formación, mentoría, aceleración empresarial, networking y acompañamiento a nuevos proyectos.
La búsqueda de este nuevo complejo está relacionada también con la convocatoria de las primeras subvenciones específicas de la Ciudad destinadas al fomento y consolidación de empresas emergentes y digitales (startups) correspondientes al ejercicio 2026. La Administración considera necesario disponer de una infraestructura física que permita dar cobertura a las personas y entidades beneficiarias durante las primeras fases de desarrollo de sus proyectos y que sirva, además, para organizar las actividades complementarias vinculadas a estas ayudas.
La nueva infraestructura se plantea de esta manera como un segundo espacio de coworking, ya que la Ciudad dispone actualmente de uno en el Parque Hernández. Sin embargo, la coincidencia de distintos programas de emprendimiento y formación está generando periodos de elevada demanda que pueden provocar la saturación de estas instalaciones.
Falta de equipamientos en la ciudad
Entre las iniciativas que comparten esta demanda se encuentran programas promovidos por la Escuela de Organización Industrial (EOI), la Fundación Incyde y otras entidades colaboradoras, además de la propia convocatoria de ayudas a startups de 2026. La intención de la Administración es contar con un espacio adicional que permita atender a los beneficiarios cuando el coworking del Parque Hernández se encuentre ocupado y, al mismo tiempo, disponer de una infraestructura propia para desarrollar actividades formativas y de dinamización empresarial.
La memoria señala que Melilla cuenta actualmente con una oferta limitada de equipamientos especializados en emprendimiento digital e innovación tecnológica. La Ciudad considera que disponer de este tipo de instalaciones no constituye únicamente una solución logística, sino también una herramienta para reforzar el tejido empresarial, favorecer la colaboración entre profesionales y empresas, atraer talento cualificado y generar nuevas iniciativas empresariales.
El futuro espacio no será concebido como un simple local arrendado. El contrato contempla la prestación de un conjunto de servicios destinados a los usuarios designados por la Ciudad. Entre ellos figuran la cesión de puestos de trabajo en una zona común, el uso de cabinas insonorizadas para videoconferencias y reuniones, y la posibilidad de celebrar jornadas y presentaciones empresariales.
Un mínimo de 100 metros cuadrados
Las condiciones establecidas por el Gobierno de Melilla fijan unas características concretas para el inmueble que finalmente se seleccione. El local deberá disponer de una superficie útil mínima de 100 metros cuadrados, de los que al menos 75 deberán corresponder a una zona común diáfana y reconfigurable.
Ese espacio tendrá que contar con un mínimo de 15 puestos de trabajo. El objetivo es que pueda utilizarse de forma flexible por los beneficiarios de los programas de emprendimiento y por profesionales vinculados a los proyectos tecnológicos.
El local deberá disponer además de al menos dos cabinas privadas insonorizadas, destinadas principalmente a videoconferencias, reuniones individuales y formaciones telemáticas. La infraestructura tendrá que permitir igualmente la celebración de presentaciones en formato auditorio para un mínimo de 30 personas.
La ubicación será otro de los requisitos, ya que el inmueble deberá encontrarse en Melilla y contar con un uso urbanístico autorizado de carácter comercial o terciario. También se exige que tenga conexión con la red de transporte público urbano, con al menos dos líneas que dispongan de parada a un máximo de 300 metros del acceso principal. A ello se suma la obligación de contar con un aparcamiento público situado a menos de 500 metros del recinto, distancia que deberá medirse mediante un recorrido peatonal accesible.
La alternativa más viable
La Ciudad justifica la contratación de este servicio frente a la alternativa de adquirir, construir o adaptar un inmueble propio. Según la memoria, estas opciones exigirían una inversión patrimonial elevada y ofrecerían una solución más rígida frente a una necesidad que se plantea como inmediata.
La Administración considera más adecuado recurrir a un operador especializado en la gestión de espacios profesionales de trabajo colaborativo. De esta manera, la Ciudad podrá disponer de las instalaciones durante los doce meses previstos en el contrato sin asumir la adquisición de un inmueble.
El nuevo coworking se integra así en la estrategia de apoyo al emprendimiento tecnológico que el Gobierno local está desarrollando junto a diferentes organismos y entidades. La pretensión es que el espacio pueda convertirse en un punto de encuentro para startups, emprendedores, profesionales y empresas, además de servir como escenario para formación, asesoramiento, encuentros empresariales y actividades de innovación.
