La Asociación de Tropa y Marinería Española (ATME) ha solicitado al Ministerio de Defensa información sobre las actuaciones que tiene previsto llevar a cabo tras la reciente operación desarrollada por la Guardia Civil en Ceuta, en la que fueron detenidas dos personas presuntamente vinculadas a colectivos de apoyo a migrantes investigados por su supuesta implicación en la incitación a actuaciones contra efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y personal militar desplegado en la ciudad hermana.
Según las informaciones publicadas, la investigación estaría relacionada con la posible distribución de espráis de pimienta, armas blancas y otros objetos potencialmente peligrosos que habrían podido ser utilizados contra quienes prestan servicio en la zona fronteriza.
Para ATME, la gravedad de estos hechos radica en que se producen en un contexto "especialmente sensible", puesto que según denuncian, militares desplegados en Ceuta ya han sufrido agresiones durante el desarrollo de las misiones que les han sido encomendadas.
"De confirmarse judicialmente las sospechas que motivan la investigación, podría acreditarse que materiales facilitados por terceros fueron empleados en ataques contra personal militar o que estaban destinados a facilitar futuras agresiones".
Ante esta situación, la asociación ha solicitado al Ministerio de Defensa que aclare si tiene previsto personarse en el procedimiento judicial que pudiera derivarse de la investigación, si ha realizado o va a realizar actuaciones ante la autoridad judicial o el Ministerio Fiscal para determinar la posible relación entre los materiales intervenidos y las agresiones sufridas por militares, así como si se están evaluando los riesgos que estas actuaciones representan para la seguridad del personal desplegado en Ceuta.
Del mismo modo, ATME reclama conocer qué medidas piensa adoptar el Ministerio para garantizar la protección jurídica y operativa de los militares que continúan desarrollando su labor en la ciudad autónoma.
ATME recuerda que, en anteriores solicitudes de información relacionadas con la situación de los militares desplegados en Ceuta, la Administración respondió que las cuestiones planteadas estaban vinculadas al planeamiento y desarrollo de operaciones militares, por lo que quedaban fuera del ámbito de actuación del Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas (Coperfas).
Sin embargo, la asociación considera que la petición formulada en esta ocasión es de naturaleza distinta, ya que no guarda relación con aspectos operativos ni pretende obtener información que pudiera afectar a la seguridad de las operaciones. Por el contrario, entiende que la cuestión se refiere directamente a la defensa jurídica e institucional de los militares y a las posibles actuaciones que corresponda ejercer al Ministerio de Defensa ante unos hechos que, de confirmarse, habrían supuesto una amenaza directa contra la integridad física de miembros de las Fuerzas Armadas.
Por ello, ATME defiende que la protección de los derechos e intereses profesionales de los militares, así como las medidas de apoyo, amparo y defensa jurídica que la Administración debe prestar cuando estos puedan haber sido víctimas de actuaciones relacionadas con el servicio, constituyen cuestiones que merecen una respuesta expresa.
La asociación sostiene que los hombres y mujeres de las Fuerzas Armadas destinados en Ceuta desempeñan su labor en circunstancias complejas y, en consecuencia, tienen derecho a que cualquier conducta que haya podido poner en peligro su seguridad sea investigada hasta sus últimas consecuencias y a que las instituciones competentes ejerzan, en su caso, todas las acciones legales oportunas para su defensa.
Operación
Dos personas detenidas, un hombre y una mujer, fue el resultado del operativo desarrollado el pasado jueves 22 de octubre por la Guardia Civil de Ceuta en la sede de una ONG, donde los agentes localizaron a tres migrantes, en una operación relacionada con el supuesto reparto de espray pimienta a los migrantes.
Según datos facilitados por fuentes del operativo, la Guardia Civil arrestó a un hombre y a una mujer vinculados a la organización no gubernamental No Name Kitchen como consecuencia de la investigación abierta.
Por su parte, desde No Name Kitchen han negado la detención por parte de la Guardia Civil de dos de sus activistas, denunciando además que existen "irregularidades y criminalización" hacia la labor de esta asociación.
