El Consejo de Ministros aprobó este martes, 25 de agosto, dos anteproyectos impulsados por el Ministerio del Interior que suponen la elaboración de una nueva ley de asilo y una amplia reforma de la Ley Orgánica 4/2000 de Extranjería. El objetivo de ambas iniciativas es adecuar la legislación española al Pacto Europeo de Migración y Asilo (PEMA), acordado por la Unión Europea en 2024.
El PEMA diseña un nuevo sistema de gestión de la protección internacional común a los Estados de la UE, acordado en 2023 y en aplicación desde el pasado 12 de junio. Interior ha descartado modificar de forma parcial la Ley 12/2009 de asilo y ha optado por tramitar una ley completamente nueva, con un enfoque garantista y de respeto a los derechos humanos, combinado con la gestión de fronteras. Su objetivo es un sistema más ágil ante el aumento de solicitudes, que han pasado de 3.000 en 2009 a 167.000 en 2024 y 144.000 en 2025.
Entre las novedades de la futura ley de asilo figura un procedimiento acelerado que deberá resolverse en un plazo máximo de tres meses, además del procedimiento de frontera previsto en la normativa europea, con un plazo máximo de doce semanas durante el cual el solicitante deberá permanecer en instalaciones policiales antes de que se autorice su entrada formal en el país. El texto refuerza también las garantías para menores desamparados y simplifica el régimen de recursos, reforzando la vía contencioso-administrativa y eliminando, con carácter general, el recurso administrativo previo.
Por lo que respecta a la Ley de Extranjería, la reforma parcial busca adaptarla al PEMA en las materias que afectan a derechos fundamentales o resultan incompatibles con la redacción actual, sin alterar el sistema en su conjunto. Una de las principales novedades es la incorporación de la figura del triaje para las personas extranjeras que cruzan las fronteras exteriores de la UE sin cumplir las condiciones de entrada, con reconocimiento médico, examen de vulnerabilidad, identificación, toma de datos biométricos e inspección de seguridad.
El reglamento europeo permite que el triaje dure hasta siete días, pero la norma española mantendrá un plazo de 72 horas, prorrogable solo por decisión judicial en casos justificados. La reforma recoge además el procedimiento fronterizo de retorno previsto en el PEMA, que deberá ejecutarse en doce semanas para quienes lleguen de forma irregular y no tengan derecho a protección internacional.
Ambos anteproyectos han sido aprobados "en primera vuelta". Interior recabará ahora el informe de instituciones como el Consejo de Estado, el Consejo General del Poder Judicial, el Consejo Fiscal y la Agencia Española de Protección de Datos. Una vez incorporadas las observaciones, el ministerio llevará de nuevo los textos al Consejo de Ministros para su aprobación definitiva y los remitirá después a las Cortes Generales para su tramitación parlamentaria.
La reforma llega casi un mes después de la entrada masiva de migrantes registrada en Ceuta a finales de julio, episodio que reabrió el debate sobre la gestión de fronteras en España.
