La Policía Nacional ha identificado a 2.168 menores de edad en Ceuta entre el 30 de julio, día en que se produjo la entrada masiva de migrantes desde Marruecos, y este martes, según ha informado el Ministerio del Interior. Los menores permanecen en la ciudad autónoma a la espera de una solución, ya sea su repatriación o su derivación a otras comunidades autónomas, ante la saturación de la capacidad de acogida de Ceuta.
La Policía Nacional ha localizado, identificado y puesto a disposición del Gobierno de Ceuta a esos menores entre las personas que permanecen en la ciudad tras la llegada de entre 70.000 y 80.000 migrantes en los dos últimos días de julio. Se trata de una de las cifras más elevadas de menores identificados en un episodio migratorio en la ciudad autónoma.
Entre ellos hay un porcentaje de niños y jóvenes procedentes de países como Chad o Sudán que huyen de guerras y crisis humanitarias y que, por tanto, tienen derecho a protección internacional. Así lo ha recordado Save the Children, organización que ha puesto el foco en la situación de las mujeres, niñas y adolescentes, expuestas además a riesgos como los matrimonios forzosos, la violencia sexual o la trata de personas.
El Gobierno central ha convocado para la próxima semana una conferencia sectorial con las comunidades autónomas para abordar la reubicación de los menores llegados a zonas tensionadas como Ceuta, con el fin de garantizarles una mejor atención, y la transferencia de 25 millones de euros a la ciudad autónoma destinados a su cuidado. Los gobiernos autonómicos del PP se oponen a ese debate por su desacuerdo con el sistema de reparto, mientras que los tres ejecutivos de coalición en los que las políticas de Infancia están en manos de Vox, Aragón, Extremadura y Castilla y León, ni siquiera quieren participar en la conferencia.
La otra vía, la devolución de los menores a sus países de origen, no resulta sencilla. Solo puede llevarse a cabo si un estudio individualizado demuestra que esa opción es la más beneficiosa para el menor, un requisito que en la práctica hace que estas devoluciones casi nunca se ejecuten. El Tribunal Supremo ya sentenció que la devolución masiva de menores a Marruecos ejecutada tras la crisis migratoria de 2021 fue ilegal, al constatar una "absoluta inobservancia" de las garantías que exige la ley de extranjería, entre ellas el estudio caso por caso de las circunstancias de cada joven.
Esas garantías deben respetarse incluso cuando existe un acuerdo como el firmado con Marruecos en 2007 para la vuelta concertada de menores, un argumento en el que se había apoyado el Gobierno. Aunque este mecanismo de reagrupación familiar está previsto en la ley, su aplicación es compleja porque exige velar en todo momento por el interés superior del menor, lo que obliga a un estudio exhaustivo de cada caso. Entre los requisitos figura que el propio menor quiera regresar y que la Delegación del Gobierno recabe un informe de las autoridades del país de origen sobre la situación socioeconómica de la familia, para comprobar que el joven será bien atendido. Además, el menor tiene derecho a ser escuchado, a contar con un abogado y a recurrir ante un juez si no está de acuerdo con la decisión adoptada.
La ley contempla también la puesta a disposición del menor ante los servicios de protección de su país de origen, aunque esta vía exige igualmente justificar que el joven estaría mejor atendido en la red de acogida de ese país que en la española.
Duplicar las plazas previstas
La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, no ha descartado que las 1.500 nuevas plazas que se habilitarán con la instalación de cuatro dispositivos de atención humanitaria en Ceuta, cuyos trabajos ya han comenzado, puedan ampliarse hasta las 4.000. "Efectivamente", ha respondido la ministra en declaraciones a la Cadena Ser al ser preguntada directamente por esa posibilidad, aunque ha matizado que no quería "poner un techo" y ha insistido en que "en total pueden dar cabida a más plazas".
Saiz ha reconocido no disponer de datos sobre cuántos migrantes, tanto adultos como menores, permanecen actualmente en Ceuta, aunque ha precisado que se están repartiendo alrededor de 4.000 kits alimentarios cada día. La ministra ha confirmado que ya ha comenzado el montaje de las instalaciones, que supervisará personalmente este martes, y ha mostrado confianza en que los trabajos avancen con rapidez.
Los cuatro puntos habilitados se ubican en la explanada del embolsamiento de Loma Colmenar, cedida por la ciudad autónoma, las instalaciones de la Hípica, el antiguo campo de fútbol del cuartel de Caballería y el espacio del Guano.
Preguntada sobre los criterios para seleccionar a los 1.500 migrantes que ocuparán las nuevas plazas, Saiz ha respondido que "se va a ir viendo", aunque ha apuntado que "no es lo mismo una mujer o una mujer con menores", subrayando que "lo importante es la atención absolutamente individualizada". Respecto a quién prestará esa atención, la ministra ha destacado la "importante labor" de Cruz Roja, así como de otras entidades como Accem o CEAR, con las que tiene previsto reunirse este martes, además de asociaciones vecinales.
La ministra ha asegurado que se "pone en la piel de muchos ciudadanos ceutíes" que han criticado la ausencia del Gobierno en la ciudad autónoma, si bien ha defendido que el Ejecutivo "no tenía que venir a Ceuta, está en Ceuta de manera permanente". "Ceuta ni ha estado ni va a estar nunca sola", ha insistido Saiz, quien ha apuntado que desde la sede central del PP en Génova se estarían dando directrices al Gobierno de la ciudad autónoma, del mismo signo político, que complicarían la colaboración entre administraciones.
