El Instituto de Política Social (IPSE) ha exigido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que haga públicos todos los acuerdos, anexos, actas y compromisos alcanzados con Marruecos desde 2022 en materia de seguridad fronteriza, aduanas, migración, el Sáhara Occidental, Ceuta y Melilla, en un plazo de 72 horas.
El instituto vincula su exigencia a dos hechos que considera inseparables: la corrupción destapada en el antiguo núcleo de poder del PSOE y la presión creciente de Marruecos sobre las ciudades españolas. "Un Gobierno debilitado por la corrupción de quienes ocuparon sus máximos puestos de confianza no puede administrar la soberanía nacional mediante silencios, documentos opacos y dependencia de Marruecos", ha declarado el presidente del IPSE, Pablo Hertfelder García-Conde.
El Tribunal Supremo condenó al exministro de Transportes y exsecretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, a 24 años y tres meses de prisión, y a su exasesor Koldo García, a 19 años y ocho meses, por organización criminal, cohecho, tráfico de influencias y malversación en la contratación de mascarillas durante la pandemia. La Audiencia Nacional mantiene además una investigación que afecta a Santos Cerdán, amparado por la presunción de inocencia.
"Ábalos no era un intruso que se coló en el Gobierno: fue ministro de Sánchez y uno de los principales dirigentes de su partido. La responsabilidad penal corresponde a los condenados; la responsabilidad política, a quien los nombró, los sostuvo y pretende continuar como si nada hubiera ocurrido", ha afirmado Hertfelder.
El IPSE señala también la presión que ejerce Marruecos tras la entrada masiva de personas en Ceuta a finales de julio, después de que el Consejo Nacional de Derechos Humanos marroquí acusara a las fuerzas españolas de "malos tratos y agresiones". El instituto sostiene que esas acusaciones deben investigarse, pero no aceptarse como hechos probados.
El IPSE recuerda que el presidente de la Cámara de Consejeros de Marruecos, Enaam Mayara, ha calificado Ceuta y Melilla de ciudades "ocupadas", y que el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, advirtió ante el Parlamento Europeo de la dependencia de la seguridad de la ciudad autónoma respecto a Marruecos.
Entre sus exigencias, el instituto reclama la creación de una comisión parlamentaria que audite la política con Marruecos desde 2022, una rectificación formal de Rabat y el reconocimiento expreso de la soberanía española sobre Ceuta y Melilla en cualquier declaración bilateral futura. El IPSE plantea incluso la convocatoria de elecciones generales si Sánchez se niega a rendir cuentas.
"España no puede negociar de rodillas ni permitir que su integridad territorial dependa de la supervivencia política de un presidente", ha concluido Hertfelder.
