La Ciudad Autónoma de Melilla ha sacado a concurso por 10,59 millones de euros la gestión integral del Centro de Cumplimiento de Medidas Judiciales de Internamiento para Menores Infractores, un servicio que atiende hasta 48 plazas destinadas a jóvenes sobre los que los Juzgados de Menores hayan dictado medidas privativas de libertad.
El contrato tendrá una duración de dos años y contempla el funcionamiento y la administración de las instalaciones destinadas a la ejecución de medidas judiciales de internamiento tanto en régimen cerrado como semiabierto y abierto, además de internamientos de carácter terapéutico, cautelares y los correspondientes a fines de semana.
El Gobierno de Melilla mantiene de esta forma la externalización de un servicio que siempre ha sido gestionado por esta modalidad. El propio Gobierno local argumenta que la Dirección General del Menor y la Familia no dispone de personal suficiente para asumir directamente la gobernanza del centro y subraya, además, que buena parte de la actividad se desarrolla fuera del horario laboral ordinario de la Administración.
La Ciudad dispone de un centro de internamiento propio para desarrollar esta competencia, pero considera necesario contar con una entidad especializada que aporte el personal y la estructura necesarios para garantizar su funcionamiento. La contratación persigue, por tanto, dotar al centro de un equipo multidisciplinar capaz de atender las necesidades educativas, sociales, psicológicas, sanitarias y residenciales de los menores sometidos a medidas judiciales.
Programas de reinserción del complejo
De hecho, el servicio que se presta va más allá de garantizar el alojamiento y la custodia de los menores, ya que también tiene una finalidad socioeducativa y de reinserción. El objetivo es que los jóvenes entiendan el cumplimiento de la medida judicial como una oportunidad para modificar aquellas conductas y circunstancias que han contribuido a su situación y puedan adquirir herramientas y valores que favorezcan su desarrollo personal y su futuro.
La intervención deberá estar orientada también a que los menores asuman la responsabilidad derivada de la infracción o delito cometido, al tiempo que se trabajan los factores de riesgo que puedan haber influido en su conducta. Para ello, el centro deberá desarrollar programas educativos y reeducativos, talleres formativos y actuaciones destinadas a favorecer la adquisición de capacidades personales y sociales.
Las 48 plazas que contempla el contrato se distribuyen en 40 puestos residenciales, cuatro de observación y otros cuatro destinados a enfermería. El complejo deberá estar preparado para atender diferentes situaciones y modalidades de internamiento, de acuerdo con las resoluciones dictadas por los Juzgados de Menores.
Entre las medidas que podrán ejecutarse se encuentran el régimen cerrado, destinado a los casos en los que el menor debe permanecer en el edificio sin posibilidad de realizar actividades fuera del mismo; el régimen semiabierto, que permite compatibilizar el internamiento con determinadas actividades en el exterior; y el régimen abierto. También se contempla el internamiento terapéutico, dirigido a jóvenes que requieren una intervención específica por sus circunstancias personales.
Una plantilla mínima de 90 profesionales
El pliego establece una plantilla mínima que suma 90 profesionales, si se contabilizan todos los puestos previstos, incluidos aquellos que tendrán una dedicación parcial y el servicio de psiquiatría externo. Así, la estructura contempla un director, dos subdirectores y tres coordinadores, además de un médico y un ATS-DUE, ambos a jornada parcial, y un psiquiatra externo. El equipo especializado deberá contar también con dos psicólogos, dos trabajadores sociales, un abogado y un maestro.
La parte fundamental de la intervención socioeducativa recaerá sobre 23 educadores sociales y 11 auxiliares educativos. A ellos se añadirá un mediador intercultural. El contrato exige asimismo dos profesionales de monitorización y mantenimiento, un administrativo, dos cocineros y dos ayudantes de cocina, seis trabajadores destinados a lavandería y limpieza y un intendente. A esta estructura se suman 23 controladores ACE, que completan la plantilla mínima de 90 personas exigida para garantizar el funcionamiento del centro.
La dimensión del equipo da una idea de la complejidad de una prestación pública que debe mantenerse operativa de forma continuada y atender a menores con diferentes situaciones y necesidades. La intervención de estos profesionales se organiza principalmente en torno a dos grandes áreas, como son la educativa y reeducativa y la residencial. La primera deberá abordar el proceso de cambio personal del menor, mientras que la segunda comprende todas las necesidades relacionadas con su permanencia en el centro.
La Ciudad aclara en la documentación que ha hecho pública que la ejecución de estas medidas constituye una competencia pública que corresponde legalmente a la Administración autonómica. Por tanto, la externalización del funcionamiento del centro no implica la cesión de esa responsabilidad. La titularidad y la supervisión de las medidas continuarán correspondiendo a la Ciudad Autónoma, que podrá apoyarse en entidades especializadas para su ejecución.
El contrato parte precisamente de esa necesidad de combinar la responsabilidad pública con la especialización profesional de una entidad externa. La Administración considera que la complejidad y diversidad de las actuaciones que se desarrollan en un centro de estas características hacen necesario disponer de un equipo multidisciplinar con capacidad para prestar asistencia socioeducativa, elaborar informes cuando sean requeridos y organizar talleres y actividades formativas. Las entidades interesadas en hacerse cargo de este servicio podrán presentar sus ofertas hasta el próximo 9 de septiembre.
