Sindicatos de Melilla han reclamado más medios para los servicios públicos esenciales de la ciudad por el impacto que ha provocado sobre ellos la crisis migratoria, que derivó también en un cierre fronterizo de 36 horas, según ha informado la agencia EFE.
En un comunicado, CCOO ha subrayado la situación de "crisis fronteriza de enorme complejidad y repercusión social" que atraviesan los empleados públicos de Ceuta y Melilla, que, con recursos insuficientes, sostienen funciones esenciales en materia de seguridad y control, atención social, gestión administrativa, tráfico portuario y otros servicios públicos fundamentales.
El sindicato ha mencionado en particular a la policía local, que soporta "una carga de trabajo extraordinaria en un contexto de presión operativa y emocional" y que requiere, según CCOO, reconocimiento, apoyo y refuerzo inmediato. También se ha referido a las fuerzas de seguridad del Estado, cuyo despliegue considera imprescindible, y a Protección Civil, por su papel en la gestión humanitaria. Asimismo, ha agradecido la labor de Cruz Roja en la asistencia a los menores.
CCOO ha pedido una solución urgente a la situación humanitaria, con especial atención a los menores no acompañados, cuya protección, defiende el sindicato, debe asumirse de forma corresponsable entre todas las comunidades autónomas.
Por su parte, CSIF ha reivindicado un plan extraordinario de refuerzo para la sanidad, los centros de menores, las fuerzas de seguridad, los servicios de emergencia y la seguridad privada, ante una situación que, a su juicio, amenaza con desbordar la capacidad de ambas ciudades autónomas. El sindicato ha denunciado plantillas insuficientes desde hace años, dificultades para cubrir vacantes y una sobrecarga laboral que la crisis actual agrava, por lo que exige una respuesta urgente del Gobierno.
El comité de empresa de la entidad de vigilancia del centro de menores La Purísima ha denunciado, además, la situación de "extrema vulnerabilidad" de ese recinto, cuyas instalaciones considera colapsadas tras el incremento de residentes, que ha pasado de unos 80 jóvenes a situarse en torno a los 200 por el repunte migratorio. El comité ha reclamado un aumento de la dotación de vigilantes, que ya calificaba de insuficiente antes de esta crisis.
