Hacienda ha decidido posponer al 4 de septiembre el Consejo de Política Fiscal y Financiera, inicialmente previsto para este miércoles, tras la petición conjunta de las comunidades gobernadas por el PP, junto con Ceuta y Melilla, para abordar la reforma del sistema de financiación autonómica.
Fuentes del Ministerio de Hacienda indicaron a Efe que el departamento dirigido por el ministro Arcadi España comunicó formalmente este pasado martes por la tarde el traslado de la reunión al primer viernes de septiembre. Según esas mismas fuentes, el ministro sostiene que el cambio de fecha refleja la buena voluntad del Gobierno y confía en que las comunidades del PP antepongan los intereses de la ciudadanía a las directrices de su dirección nacional.
Hacienda considera, no obstante, sorprendente que la petición de retraso llegue justo después de que Canarias comunicara su voto favorable a la reforma.
Los consejeros de Hacienda y Economía de las once comunidades del PP, además de los de Ceuta y Melilla, habían enviado una carta al ministro solicitando que la reunión se retrasara al menos hasta septiembre. En el escrito advertían de que una reforma "pactada con una sola parte y a espaldas de todas las demás" no puede aprobarse de forma apresurada. También señalaban la falta de oportunidad de celebrar el Consejo en medio de la ola de incendios que ha motivado la declaración de emergencia en varios puntos del país.
La carta denunciaba además deficiencias de procedimiento. Los firmantes consideraban que la convocatoria del Comité Técnico Permanente de Evaluación del pasado día 14 fue "extemporánea y sin la documentación necesaria", un defecto que a su juicio no había quedado subsanado. Entre la información que reclamaban como imprescindible figuraban las simulaciones completas que permitieran verificar el impacto del nuevo modelo en todos los territorios.
El rechazo se suma al ya expresado un día antes por el gobierno local de Melilla, cuya portavoz, Fadela Mohatar, calificó la propuesta de "inaceptable" y denunció que responde a un pacto bilateral entre el Ejecutivo central y Esquerra Republicana de Catalunya.
El presidente de Castilla-La Mancha, el socialista Emiliano García-Page, mantiene también su rechazo al modelo, mientras que Canarias, gobernada por Coalición Canaria y PP, ya ha respaldado la reforma tras obtener 1.300 millones adicionales al año.
