La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) ha solicitado con carácter urgente al Ministerio del Interior protocolos claros y por escrito para la actuación de los agentes frente a la inmigración irregular en la frontera marítima. La petición llega tras la sentencia del Tribunal Supremo que restringió las devoluciones en caliente a las personas interceptadas en el mar, lo que obliga a tramitar expedientes ordinarios con mayores garantías y ha disparado la carga de trabajo de las unidades desplegadas en el litoral.
El fallo se dictó a raíz del caso de un ciudadano argelino interceptado en el mar y entregado de forma inmediata a Marruecos. El Supremo aclaró que el rechazo en frontera se pensó para el perímetro terrestre, con vallas y estructuras físicas, por lo que resulta inaplicable en el entorno marítimo. Desde entonces, toda interceptación en el mar exige aplicar el artículo 58.3 de la Ley de Extranjería, que obliga a iniciar un procedimiento ordinario con asistencia de abogado, traducción y derecho a solicitar asilo.
La AUGC exige instrucciones precisas para los efectivos que operan a diario en la frontera marítima, con el fin de erradicar la improvisación y garantizar que las actuaciones se ajusten al derecho penal y administrativo. La asociación advierte que la tramitación de expedientes dispara el volumen de trabajo y las labores de custodia, y reclama la declaración de Ceuta y Melilla como zonas de especial singularidad, el refuerzo de la plantilla y el reconocimiento de la Guardia Civil como profesión de riesgo. Las restricciones afectan al Servicio Marítimo, a los Grupos Especiales de Actividades Subacuáticas (GEAS) y a las patrullas de control costero.
Ceuta ha registrado la mayor presión migratoria tras la sentencia, con más de 1.000 llegadas en una semana, entre ellas unos 170 menores, lo que colapsó el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes. En el litoral se han recuperado 27 cadáveres, ocho de ellos en aguas de la zona.
En Melilla la presión ha sido menor pero constante, con más entradas a nado y la llegada de 45 menores no acompañados, lo que eleva a unos 160 el total de tutelados en la ciudad.
El Sindicato Unificado de Policía denunció la sobrecarga por los expedientes ordinarios, mientras la Delegación del Gobierno considera la situación bajo control, aunque se compromete a enviar refuerzos si la presión aumenta.
La portavoz del Gobierno de Melilla, Fadela Mohatar, ha urgido al Ejecutivo central a reforzar la presencia de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en el perímetro. Desde el PP se ha impulsado además una propuesta en el Congreso para reformar la Ley de Extranjería e incluir de forma expresa la vía marítima en el rechazo en frontera.
