La aprobación de una nueva Proposición de Ley en el Congreso busca reforzar la inclusión laboral de las personas con discapacidad y, sobre todo, el cumplimiento de la cuota de empleo que deben reservar las empresas. La iniciativa, de la que ha informado Aspanies a través de la información facilitada por AEDIS, continuará ahora su tramitación en el Senado.
La Comisión de Trabajo, Economía Social, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones del Congreso de los Diputados aprobó el pasado 23 de julio, con competencia legislativa plena, la Proposición de Ley para el impulso de la inclusión laboral de las personas con discapacidad a través de la cuota de reserva de empleo. El texto pretende endurecer las consecuencias para las empresas que no cumplan con esta obligación.
La normativa vigente establece que las empresas de 50 o más trabajadores deben reservar al menos el 2% de sus puestos de trabajo a personas con discapacidad. Una obligación que, en determinados casos, puede sustituirse por medidas alternativas previstas legalmente, siempre que se cumplan los requisitos establecidos y se comunique la decisión a la autoridad laboral.
La nueva iniciativa pone el foco precisamente en el cumplimiento efectivo de esta norma. Y lo hace con un refuerzo del régimen sancionador.
Uno de los principales cambios previstos es que el incumplimiento de la obligación de reserva de empleo pase de considerarse una infracción grave a una infracción muy grave. Lo mismo ocurrirá con el incumplimiento de las medidas alternativas previstas en la legislación.
Además, en los casos de reincidencia dentro de un periodo de dos años, las sanciones podrán imponerse en su grado máximo. La propuesta pretende así evitar que la cuota de empleo quede en un mero requisito sobre el papel.
Pero hay más. Las entidades sancionadas por infracciones muy graves relacionadas con el incumplimiento de la cuota de reserva no podrán obtener la condición de beneficiarias ni de entidades colaboradoras de subvenciones públicas. La medida modifica la Ley General de Subvenciones y vincula el acceso a estas ayudas al cumplimiento de las obligaciones en materia de inclusión laboral.
La iniciativa también plantea reforzar la vigilancia. Las administraciones públicas deberán impulsar campañas informativas sobre la inclusión laboral de las personas con discapacidad. Y la Inspección de Trabajo y Seguridad Social desarrollará campañas específicas durante los próximos tres años para comprobar que las empresas cumplen con la obligación de reserva de empleo.
Después llegará la evaluación. El Gobierno tendrá que elaborar, en el plazo de tres años, un informe sobre el impacto de las medidas aprobadas. El objetivo será analizar si los cambios están dando resultados y si están contribuyendo realmente a mejorar el acceso de las personas con discapacidad al mercado laboral.
La propuesta incluye también una disposición relacionada con la fiscalidad de determinadas ayudas destinadas a personas afectadas por el VIH y por la talidomida.
El texto llega al Senado después de un recorrido parlamentario que comenzó el 9 de septiembre de 2025, cuando la iniciativa fue tomada en consideración. Tras pasar por la ponencia y la comisión, y al no haberse presentado enmiendas a la totalidad, la Comisión de Trabajo aprobó la proposición con competencia legislativa plena.
Ahora será el Senado el que continúe con la tramitación.
Para Aspanies, la aprobación supone un paso adelante en la defensa de la inclusión laboral y en el cumplimiento de una obligación que ya existe desde hace años. La clave estará ahora en que las nuevas medidas no se queden únicamente en el papel.
Porque el problema no es solo que exista una cuota. También que se cumpla. Y que las empresas que no lo hagan tengan consecuencias reales.
La iniciativa pretende precisamente reforzar ese control. Más sanciones para los incumplimientos más graves, límites al acceso a subvenciones públicas, campañas de inspección y una evaluación posterior para comprobar los resultados.
El texto todavía debe completar su tramitación parlamentaria. Pero el primer paso ya está dado. Y la propuesta abre de nuevo el debate sobre la presencia de las personas con discapacidad en el mercado laboral y sobre la necesidad de que la inclusión deje de ser una declaración de intenciones para convertirse en una realidad dentro de las empresas.
Para Aspanies y el sector de la discapacidad, la aprobación representa un avance en ese camino. El siguiente capítulo se escribirá ahora en el Senado.
