El Gobierno de Ceuta ha pedido una modificación urgente de la disposición adicional décima de la Ley Orgánica de Extranjería para reforzar los mecanismos de control fronterizo en Ceuta y Melilla, ante el aumento de la presión migratoria registrado en las últimas semanas y las consecuencias de la reciente sentencia del Tribunal Supremo sobre los rechazos en frontera por vía marítima.
La Ciudad Autónoma difundió el comunicado este domingo, en un contexto que califica de crítico. Como ejemplo más reciente, cita la interceptación de más de 100 inmigrantes durante una madrugada y la recuperación de dos cadáveres por parte de la Guardia Civil en una sola jornada, lo que eleva a 26 el número de fallecidos en lo que va de año en la zona.
En el texto, el Gobierno local sostiene que resulta imprescindible adaptar el marco normativo vigente a la realidad migratoria actual. Reconoce que se trata de una situación que se repite cada verano, pero advierte de que este año se ve agravada por la sentencia del Tribunal Supremo relativa a los rechazos en frontera de inmigrantes que acceden al territorio nacional por vía marítima.
Ante este escenario, el Partido Popular ha impulsado una iniciativa parlamentaria para modificar la citada disposición adicional. El objetivo es aclarar de forma expresa que el régimen especial de rechazo en frontera sea aplicable a quienes intenten acceder ilegalmente a territorio nacional a través de Ceuta y Melilla, por cualquier punto de entrada no habilitado, tanto por vía terrestre como marítima. El Gobierno de Ceuta ha manifestado su respaldo pleno a esta iniciativa, al considerar que la singular condición de la ciudad como frontera exterior de España y de la Unión Europea exige contar con instrumentos jurídicos adecuados para hacer frente a la presión migratoria y a las nuevas modalidades de acceso irregular, especialmente por vía marítima. Según el comunicado, la reforma contribuiría además a reforzar la seguridad jurídica de las actuaciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
La sentencia que ha motivado esta petición fue dictada el 8 de julio por la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo. El fallo establece que la ley de extranjería no permite aplicar el rechazo en frontera a las personas migrantes interceptadas en el mar cuando intentan entrar a nado en Ceuta o Melilla. El alto tribunal considera que el régimen especial de rechazo solo puede aplicarse a quienes superan elementos de contención físicos, como las vallas, y no a dispositivos tecnológicos de vigilancia como drones o cámaras térmicas.
Días después de conocerse la resolución, el Sindicato Unificado de Policía en Melilla ya advirtió de un posible efecto llamada. Su secretario general, Jesús Ruiz, afirmó que se habían registrado nuevas entradas a nado tras el fallo judicial y reclamó al Gobierno un refuerzo de las plantillas policiales para afrontar un previsible aumento de la presión migratoria en la ciudad.
El Ejecutivo local de Ceuta ha cerrado su comunicado insistiendo en que la ciudad afronta una realidad migratoria singular y compleja, por lo que considera fundamental que el marco normativo tenga en cuenta esas singularidades.
