Es solo cuestión de tiempo. Si no se adoptan medidas eficaces y se hace cumplir la normativa vigente, el riesgo de que se produzca un accidente grave relacionado con el uso de motos acuáticas en las aguas del Puerto de Melilla aumenta con cada temporada estival. Ojalá me equivoque, pero la realidad que se observa verano tras verano invita, cuando menos, a la preocupación.
Con el incremento de la actividad náutica vuelven a repetirse escenas que nunca deberían formar parte de la normalidad. Las motos acuáticas, concebidas para el disfrute del mar y reguladas por una normativa específica, se convierten en demasiadas ocasiones en motivo de inquietud para navegantes, bañistas, pescadores, usuarios del Puerto Deportivo, de la Dársena Pesquera y del Club Marítimo, así como para quienes disfrutan de nuestras playas y contemplan cómo determinadas conductas poco tienen que ver con una navegación responsable.
Las motos acuáticas son embarcaciones especialmente ágiles, con una extraordinaria capacidad de aceleración y de alcanzar velocidades elevadas en pocos segundos. Precisamente esas cualidades, que las convierten en una magnífica opción para el ocio, exigen también un elevado sentido de la responsabilidad por parte de quienes las gobiernan. La potencia de estas embarcaciones hace imprescindible respetar las normas, las distancias de seguridad y los límites de velocidad establecidos.
La zona de servicio del Puerto de Melilla constituye un claro ejemplo de esta realidad. No resulta extraño observar a algunos usuarios navegando a velocidades superiores a las permitidas, realizando maniobras bruscas, aceleraciones innecesarias, entrando y saliendo de las dársenas sin reducir la marcha o pasando a escasa distancia de otras embarcaciones y de personas que practican actividades recreativas. Incluso pueden verse motos acuáticas aprovechando la estela que deja el ferry para realizar saltos y maniobras de evidente riesgo, comportamientos que, además de vulnerar la normativa, ponen en peligro tanto a sus propios ocupantes como al resto de usuarios del mar.
Conviene dejar claro que este artículo no pretende demonizar a todos los propietarios de motos acuáticas. Sería profundamente injusto hacerlo. La inmensa mayoría disfruta de esta actividad con responsabilidad y respeto hacia los demás. Sin embargo, basta con que unos pocos actúen de forma imprudente para comprometer la seguridad colectiva y deteriorar la imagen de un colectivo que, en términos generales, cumple con sus obligaciones.
El Reglamento Internacional para Prevenir los Abordajes, la normativa marítima española y las reglas específicas que regulan la navegación en las zonas portuarias no establecen limitaciones de velocidad o normas de conducta por casualidad. No son simples recomendaciones, sino obligaciones cuyo único objetivo es proteger la vida de las personas, garantizar la seguridad de la navegación y evitar daños materiales que, en muchos casos, podrían tener consecuencias irreversibles.
El problema, por tanto, no consiste únicamente en incumplir una norma administrativa. Detrás de cada exceso de velocidad, de cada giro temerario o de cada aproximación innecesaria a otras embarcaciones existe un riesgo real. Basta recordar que una moto acuática puede superar ampliamente los 48nudos (90 km/h), una velocidad incompatible con la navegación en espacios reducidos o compartidos con embarcaciones deportivas, kayaks, pequeñas neumáticas, pescadores o bañistas.
No hace falta esperar demasiado para comprobar la existencia de estas conductas. Casi a diario pueden observarse motos acuáticas atravesando zonas indebidas, navegando entre embarcaciones fondeadas o aproximándose a áreas donde confluyen actividades náuticas. Son situaciones que, afortunadamente, aún no han desembocado en una tragedia, pero que incrementan de forma evidente la probabilidad de que esta llegue a producirse.
La experiencia demuestra que los accidentes nunca avisan. Basta una maniobra imprudente, un exceso de velocidad o un simple error de cálculo para que las consecuencias sean irreparables. Entonces llegarán las lesiones, los daños materiales y las inevitables preguntas sobre por qué no se actuó antes.
La seguridad marítima tampoco puede entenderse como una responsabilidad exclusiva de las administraciones públicas. Corresponde igualmente a quienes disfrutan del mar actuar con prudencia, conocer la normativa y respetar a quienes comparten el mismo espacio. El ocio náutico y la seguridad no son conceptos incompatibles; al contrario, solo pueden convivir cuando el respeto a las reglas forma parte de la cultura de navegación.
Precisamente por ello, resulta imprescindible reforzar la vigilancia en aquellos puntos donde estas conductas son más habituales, intensificar el control del cumplimiento de los límites de velocidad, incrementar la presencia inspectora durante los meses de mayor actividad, sancionar con firmeza las infracciones y desarrollar campañas de concienciación dirigidas a los usuarios de motos acuáticas. La inmensa mayoría de quienes practican este deporte agradecerán que unos pocos irresponsables no empañen la imagen del resto.
Melilla cuenta con unas instalaciones náutico-deportivas y un litoral privilegiado que cada día disfrutan cientos de ciudadanos y visitantes. Preservar la seguridad en sus aguas constituye una responsabilidad compartida, pero también una obligación de quienes tienen encomendada su vigilancia y de quienes hacen uso de ellas.
Porque el mar debe seguir siendo un espacio de convivencia, de ocio y de libertad, nunca un escenario de imprudencias evitables. Todavía estamos a tiempo de corregir determinadas conductas, reforzar la vigilancia y recordar que las normas existen para proteger vidas, no para limitar la diversión.
Cuando algún día ocurra ese accidente que hoy todos confiamos en evitar, ya no servirá buscar responsables ni preguntarse qué se podía haber hecho. La respuesta la conocemos desde hace tiempo. Solo falta la voluntad de actuar.
Porque mañana puede ser demasiado tarde.
