El Partido Popular ha valorado la decisión hecha pública por la Junta Electoral Central (JEC) sobre la aplicación de la denominada Ley de Nietos y considera que la resolución del máximo órgano de la Administración Electoral respalda las reclamaciones que la formación venía realizando para exigir mayores garantías en este procedimiento.
Según señala el PP, la decisión de la Junta Electoral Central supone una buena noticia por la trascendencia del asunto, al entender que el proceso puede afectar a más de dos millones y medio de solicitudes de nacionalidad y, en consecuencia, tener repercusiones sobre la composición del censo electoral en el exterior.
La formación destaca que el pronunciamiento de la JEC acredita la existencia de dudas relevantes en relación con la correcta aplicación de los criterios de adscripción al censo electoral exterior. En este sentido, recuerda que la propia resolución del organismo electoral señala que dichos criterios deben basarse en reglas objetivas, homogéneas, suficientemente acreditadas y susceptibles de una aplicación uniforme por todas las oficinas consulares.
Asimismo, el Partido Popular subraya que la Junta Electoral Central ha solicitado información adicional y la elaboración de nuevas instrucciones con el objetivo de garantizar la objetividad, la homogeneidad y la transparencia del procedimiento. Para la formación política, estos son aspectos que, según sostiene, no se han venido cumpliendo hasta el momento.
Tras conocerse la resolución, el PP considera que el Gobierno no puede seguir ignorando las dudas existentes en torno a este proceso y mantiene que la instrucción dictada por la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública excede los límites establecidos por la legislación vigente.
La formación entiende que la decisión de la Junta Electoral Central pone de manifiesto la necesidad de reforzar las garantías que deben regir tanto los procedimientos de adquisición de la nacionalidad como la elaboración del censo electoral.
Por este motivo, el Partido Popular solicita que no se produzcan nuevas incorporaciones al censo derivadas de esta instrucción hasta que se hayan implantado de manera plena los criterios y las garantías exigidos por la Junta Electoral Central.
Además, la formación reitera la necesidad de llevar a cabo una revisión de oficio de la totalidad de la instrucción al considerar que existe una causa de nulidad y defiende que dicha revisión resulta necesaria para asegurar su plena adecuación al ordenamiento jurídico.
El PP también reclama la publicación desglosada de las altas producidas a través de este procedimiento, una medida que considera indispensable para garantizar la transparencia y el control público sobre las incorporaciones al censo electoral.
La formación política sostiene que un asunto de esta relevancia no debería haber llegado a la situación actual y considera que corresponde ahora al Gobierno actuar con responsabilidad y recuperar la confianza de los ciudadanos, tanto de aquellos que residen en España como de quienes viven en el exterior.
Asimismo, el Partido Popular señala que la Junta Electoral Central ha marcado el camino al reforzar las garantías del sistema electoral y entiende que el Ejecutivo debe seguir las directrices establecidas por el máximo órgano de la Administración Electoral.
En este sentido, recuerda que la Junta Electoral Central está integrada por magistrados del Tribunal Supremo y catedráticos de reconocido prestigio, por lo que considera que su criterio debe ser atendido en la aplicación de las medidas relacionadas con el censo electoral.
Por último, el PP defiende que el censo constituye un elemento esencial del sistema democrático y sostiene que no puede ser regulado sin los controles y las garantías necesarias. A juicio de la formación, la resolución de la Junta Electoral Central obliga ahora a adoptar mecanismos que refuercen la transparencia y la seguridad jurídica en un procedimiento que considera de especial trascendencia para el sistema electoral español.
