La organización profesional militar se refiere a la sentencia 475/2026, dictada el pasado 11 de mayo por el Pleno de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo. El fallo establece que un trabajador público que haya superado un proceso selectivo para personal fijo o permanente, aunque sin conseguir plaza, y posteriormente haya sufrido abuso de temporalidad, puede adquirir la condición de trabajador fijo.
La UMT considera que esta doctrina es directamente aplicable a los militares de la Escala de Tropa y Marinería que aprobaron el proceso de permanencia, pero continúan vinculados a las Fuerzas Armadas mediante contratos temporales de larga duración. Según expone la asociación, el procedimiento de permanencia convocado por el Ministerio de Defensa tiene como finalidad acceder a una relación de servicios de carácter permanente, equivalente a la condición de militar de carrera.
En la nota hecha pública este lunes, la asociación recuerda que el Tribunal Supremo ha asumido la doctrina fijada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) respecto al abuso de temporalidad en el empleo público. A juicio de la UMT, quienes aprobaron estas pruebas acreditaron su capacitación conforme a los principios de igualdad, mérito y capacidad, por lo que no deberían permanecer durante años en situación de temporalidad.
La organización sostiene además que la concatenación de compromisos temporales dentro de la Escala de Tropa y Marinería puede prolongarse hasta 25 años de servicio continuado, una situación que considera incompatible con los criterios europeos sobre temporalidad abusiva.
El secretario general de la UMT, Luis Miguel Feito Iglesias, aseguró que la sentencia reconoce una reivindicación que la asociación lleva “años denunciando”. “Nuestros soldados y marineros han aprobado la oposición de permanencia con el mismo esfuerzo y los mismos criterios objetivos que cualquier opositor civil”, afirmó.
Entre las medidas planteadas al Ministerio de Defensa, la UMT solicita el reconocimiento inmediato de la condición de militar de carrera para los afectados, la convocatoria urgente de plazas suficientes de permanencia y la derogación de la Ley 8/2006 para impulsar una nueva normativa de carrera militar adaptada al derecho europeo. La asociación también reclama abrir una interlocución directa con el ministerio para abordar posibles soluciones antes de que el conflicto continúe por la vía judicial.
