La diputada del Partido Popular por Melilla, Sofía Acedo, defendió este martes 21 de abril en la Comisión de Interior una Proposición No de Ley (PNL) con la que su grupo pretende instar al Gobierno a garantizar la ejecución efectiva de las órdenes de expulsión de ciudadanos extranjeros sin derecho a permanecer en la Unión Europea, en un discurso marcado por duras críticas a la política migratoria del Ejecutivo.
Durante su intervención, Acedo aseguró que en España “se dictan decenas de miles de órdenes de expulsión cada año que apenas se ejecutan”, situando las tasas de cumplimiento por debajo del 10 por ciento. A su juicio, este dato “evidencia el fracaso del sistema y una grave dejación de funciones por parte del Gobierno”, al tiempo que cuestionó el mensaje que se traslada a la ciudadanía cuando las resoluciones administrativas y judiciales no se cumplen.
La parlamentaria popular advirtió de que esta situación genera una sensación de impunidad que, en su opinión, debilita el Estado de Derecho. Asimismo, apuntó a posibles consecuencias en materia de seguridad, justicia y sostenibilidad, al considerar que la falta de ejecución de estas medidas repercute en distintos ámbitos del funcionamiento institucional.
En este contexto, Acedo recordó que la Fiscalía General del Estado ha señalado diversas dificultades para llevar a cabo las expulsiones, entre ellas el colapso judicial, los problemas para localizar a las personas afectadas o la falta de cooperación internacional. A estas circunstancias sumó el impacto económico de los procedimientos de devolución, indicando que cada proceso supone un coste para las arcas públicas.
Además, la diputada sostuvo que la ausencia de una política migratoria eficaz puede favorecer el denominado “efecto llamada”, así como fortalecer la actividad de las mafias, al tiempo que, según afirmó, contribuye a transmitir una percepción de falta de control incompatible con el ordenamiento jurídico.
Ante esta situación, el Grupo Parlamentario Popular ha planteado una iniciativa estructurada en cinco medidas. La primera de ellas busca garantizar la ejecución efectiva de las órdenes de expulsión para evitar que queden sin aplicación. La segunda propone impulsar cambios legislativos que permitan expulsar a extranjeros en situación irregular que cometan delitos graves o reincidan, así como a aquellos que, estando en situación regular, delincan gravemente, especialmente en casos relacionados con la libertad sexual, impidiendo además su regreso a España.
En relación con este punto, Acedo citó datos del Ministerio del Interior, señalando que “entre los 31 y 40 años son extranjeros más del 50 por ciento de los que cometen delitos sexuales en nuestro país”, subrayando que se trata de cifras que deben ser tenidas en cuenta en el diseño de políticas públicas.
Las otras tres medidas incluidas en la PNL pasan por reforzar la cooperación entre administraciones, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y autoridades judiciales para agilizar los procedimientos; revisar los acuerdos con países de origen y tránsito para exigir reciprocidad y cooperación efectiva; y dotar de más medios humanos y tecnológicos a las fuerzas de seguridad, además de intensificar la colaboración con Frontex para prevenir la inmigración ilegal desde origen.
Acedo defendió que esta propuesta “no va de ideología, sino de legalidad, eficacia y respeto a nuestras normas”, insistiendo en que España es un país “acogedor”, pero que no puede permitirse el incumplimiento sistemático de la ley sin consecuencias. En este sentido, señaló que resulta necesario garantizar la aplicación de las normas para preservar la convivencia y la confianza en las instituciones.
Finalmente, la diputada reclamó el respaldo del resto de grupos parlamentarios a esta iniciativa, que, según indicó, tiene como objetivo reforzar el Estado de Derecho, mejorar la seguridad jurídica y garantizar el cumplimiento de la legislación vigente. “Ni puertas abiertas al descontrol ni puertas blindadas. España merece una política migratoria seria, ordenada y eficaz”, afirmó durante su intervención.
La parlamentaria concluyó su intervención con críticas directas al Ejecutivo, cuestionando su capacidad para abordar la situación migratoria y su gestión institucional, en una comparecencia que reflejó el enfrentamiento político existente en torno a esta materia.
