El vicepresidente primero de la Ciudad Autónoma de Melilla, Miguel Marín, ha criticado la política del Gobierno central en relación con la regularización de extranjeros, una medida que, según ha afirmado, responde a intereses “partidistas y electoralistas” y no a las necesidades reales del país.
Durante su intervención, Marín ha asegurado que esta iniciativa no le ha sorprendido, ya que, según ha recordado, había sido anunciada previamente por el Ejecutivo. No obstante, ha cuestionado tanto su finalidad como su planteamiento.
Críticas a la gestión del Gobierno central
El vicepresidente ha centrado su discurso en cuestionar la actuación del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a quien ha acusado de no estar “ocupado ni preocupado” por las necesidades de España y de los ciudadanos.
En este sentido, ha sostenido que la prioridad del jefe del Ejecutivo es mantenerse en el poder, una posición que, según ha indicado, le permitiría afrontar mejor distintas situaciones que afectan a su entorno político y personal.
Marín ha afirmado que esta estrategia responde a una lógica de supervivencia política, en la que se enmarcaría también la propuesta de regularización de inmigrantes.
Vinculación con intereses políticos
El dirigente melillense ha asegurado que la medida forma parte de una estrategia más amplia orientada a reforzar el apoyo electoral al Gobierno.
Según ha expuesto, la regularización de un elevado número de extranjeros podría traducirse, en su opinión, en un incremento del respaldo en futuras citas electorales.
“Estoy convencido de que es una maniobra política con ese objetivo”, ha señalado, insistiendo en que no responde a una necesidad real del país.
Falta de criterios objetivos
Marín ha criticado además la ausencia, a su juicio, de un análisis previo sobre las necesidades del mercado laboral en España.
En este sentido, ha defendido que cualquier política de regularización debería basarse en la identificación de perfiles profesionales concretos que sean necesarios para el desarrollo económico.
Sin embargo, ha asegurado que, en este caso, no se ha realizado ese estudio, lo que ha calificado como una actuación sin criterios objetivos.
Rechazo a una regularización generalizada
El vicepresidente ha cuestionado el alcance de la medida, que, según ha indicado, podría afectar a un número elevado de personas.
A su juicio, se trataría de una regularización “masiva” que no distingue entre perfiles ni responde a una planificación estructurada.
Esta situación, ha advertido, podría tener consecuencias negativas tanto para el país como para el conjunto de los ciudadanos.
Advertencia sobre sus efectos
Marín ha insistido en que las decisiones adoptadas sin una base técnica o económica clara pueden resultar perjudiciales a medio y largo plazo.
En su opinión, este tipo de medidas, al estar guiadas por intereses políticos, no contribuyen al desarrollo equilibrado del país.
Por ello, ha reiterado su rechazo a la iniciativa, subrayando que no considera que sea positiva ni para España ni para los españoles.
Una postura crítica desde el ámbito local
Desde la Ciudad Autónoma de Melilla, el vicepresidente primero ha dejado clara su posición contraria a la política planteada por el Gobierno central.
Ha defendido que las decisiones en materia migratoria deben responder a criterios objetivos, vinculados a las necesidades reales del país y del mercado laboral.
En este sentido, ha reiterado que, en su opinión, la regularización planteada no cumple con estos requisitos.
Marín ha concluido su intervención insistiendo en que la medida responde a intereses “espurios, partidistas y electoralistas”, alejados de una planificación orientada al interés general.
A su juicio, este tipo de políticas no resultan beneficiosas y deben ser analizadas desde una perspectiva más amplia, teniendo en cuenta su impacto en el conjunto de la sociedad.
