Los empresarios melillenses han vuelto a reclamar una equiparación del sistema de bonificaciones al transporte de mercancías con el modelo de Canarias, al considerar que el régimen actual en la ciudad autónoma resulta insuficiente, limitado y alejado de la realidad económica local, marcada por su dependencia estructural de la logística.
La reivindicación se produce en un contexto de choque institucional entre el Gobierno local y la Delegación del Gobierno, después de que esta última defendiera que el Ejecutivo central ya aplica medidas de compensación al transporte en Melilla y que estas han ido aumentando tanto en cuantía como en número de beneficiarios.
Sin embargo, el análisis del propio sistema vigente apunta a que la bonificación actual dista de ser un mecanismo generalizado de apoyo al tejido empresarial, ya que se encuentra regulada por el Real Decreto 332/2023, que establece ayudas de hasta el 50% del coste del transporte, pero únicamente para supuestos muy concretos.
Entre estos supuestos se incluyen productos originarios o transformados en Melilla, materias primas destinadas a procesos productivos, devoluciones de stock de pymes comerciales, residuos y mercancías peligrosas.
Esto implica que la mayoría de empresas quedan fuera del sistema, al no encajar en las categorías tasadas por la normativa.
Desde la Delegación del Gobierno, la delegada Sabrina Moh ha defendido que el Ejecutivo central sigue desarrollando esta línea de ayudas y ha subrayado que algunas de ellas están orientadas a productos de consumo humano, además de insistir en que cada vez son más las empresas beneficiadas.
No obstante, los datos disponibles reflejan una realidad más limitada. En una de las convocatorias recientes, las ayudas fueron concedidas a cuatro empresas, pese a que en Melilla existen miles de negocios activos, lo que evidencia un impacto muy reducido en el conjunto del tejido empresarial.
Este aspecto se ha convertido en uno de los principales argumentos de los empresarios, que consideran que la medida, tal y como está diseñada, no compensa de forma efectiva el sobrecoste estructural del transporte, uno de los principales factores que condicionan la actividad económica en la ciudad.
En paralelo, el Gobierno local ha intensificado sus críticas. El vicepresidente primero de la Ciudad Autónoma, Miguel Marín, ha denunciado lo que considera un trato desigual por parte del Ejecutivo central, asegurando que Melilla no recibe el mismo nivel de apoyo que otros territorios con características similares.
Marín ha insistido en que la ciudad cuenta con “singularidades reconocidas” derivadas de su condición extrapeninsular y ha criticado que se legisle sin tener en cuenta estas particularidades, llegando a afirmar que se actúa “como si Melilla fuera Albacete”.
En este sentido, ha reclamado medidas más ambiciosas, como una bonificación generalizada de al menos el 50% para todas las mercancías, ayudas al combustible y un mayor apoyo directo a empresas y autónomos.
El contraste con otros territorios refuerza la crítica empresarial. En Canarias, el Régimen Económico y Fiscal contempla un sistema que permite compensar hasta el 100% del coste efectivo del transporte de mercancías, tanto en conexiones con la Península como dentro del propio archipiélago.
Esta diferencia resulta clave, ya que sitúa a Melilla en una posición claramente menos favorable, con un modelo más restrictivo, condicionado y con menor cobertura económica.
En el caso de Baleares, aunque el sistema es distinto, también se contemplan porcentajes superiores al de Melilla en varios supuestos, alcanzando incluso el 100% en determinados tipos de mercancías consideradas esenciales.
Frente a estos modelos, el sistema melillense no solo presenta un límite máximo inferior, sino también un diseño que no cubre de forma transversal al conjunto del tejido empresarial, sino que se dirige a nichos específicos.
Otro de los elementos que alimenta el debate es la evolución presupuestaria. Aunque las convocatorias iniciales partían de cuantías relativamente reducidas, en ejercicios recientes se han producido ampliaciones de crédito, lo que ha permitido aumentar el volumen total disponible para estas ayudas.
Sin embargo, esta ampliación no ha ido acompañada de una extensión significativa del número de beneficiarios, lo que refuerza la percepción de que el sistema sigue teniendo un alcance limitado.
Además, las modificaciones normativas posteriores, como el Real Decreto 1188/2025, han introducido ajustes técnicos, como la ampliación de la cobertura de mercancías peligrosas o cambios en los plazos administrativos, pero no han alterado el porcentaje máximo del 50% ni el carácter restringido de la ayuda.
Este escenario ha llevado a los empresarios a insistir en la necesidad de un cambio de modelo que permita una compensación más amplia, estable y comparable a la de otros territorios extrapeninsulares.
Mientras tanto, desde la Delegación del Gobierno se mantiene la defensa de las medidas actuales, destacando su evolución positiva y el compromiso del Ejecutivo central de seguir desarrollando este instrumento.
El debate, lejos de cerrarse, continúa abierto. La distancia entre el sistema vigente en Melilla y los modelos aplicados en Canarias o Baleares sigue siendo uno de los principales puntos de fricción, en un contexto en el que el transporte de mercancías no es un factor secundario, sino un elemento estructural que condiciona la competitividad económica de la ciudad.
La reclamación empresarial, por tanto, no se limita a una cuestión puntual, sino que plantea un debate de fondo sobre el modelo de apoyo público necesario para garantizar la viabilidad del tejido productivo en Melilla.
