Nueva Melilla ha reclamado al Gobierno local la adopción de medidas concretas para garantizar la aplicación en la ciudad de la Ley 1/2025 de prevención del desperdicio alimentario, que entró en vigor el pasado 1 de abril. La formación advierte de que, sin un plan de ejecución específico en Melilla, la normativa estatal podría quedar sin desarrollo efectivo en el ámbito local.
La ley, publicada en el Boletín Oficial del Estado el 2 de abril de 2025, tiene como objetivo reducir el desperdicio alimentario en España mediante la obligación de que los distintos actores de la cadena alimentaria implanten planes de prevención, prioricen la donación de alimentos aptos para el consumo e incorporen medidas de formación en gestión de recursos.
En este contexto, Nueva Melilla ha señalado la necesidad de que el Ejecutivo local defina un protocolo de coordinación público-privada que permita trasladar estas obligaciones a la realidad de la ciudad, así como la asignación de recursos específicos para reforzar la labor del Banco de Alimentos.
Actualmente, esta entidad atiende a unas 6.000 personas en Melilla, lo que representa en torno al 7% de la población, cifrada en aproximadamente 86.000 habitantes. La formación considera que estos datos reflejan la importancia de reforzar los mecanismos de apoyo existentes y mejorar la coordinación con empresas y entidades sociales.
Entre las propuestas planteadas, Nueva Melilla solicita la aprobación en la Asamblea de una moción que contemple la creación de un protocolo local de reducción del desperdicio alimentario con la participación de la administración, el Banco de Alimentos, empresas y ONG. Asimismo, propone incluir cláusulas de donación obligatoria en los contratos públicos de suministro alimentario y establecer incentivos fiscales en el IPSI para las empresas donantes.
La iniciativa también recoge la necesidad de dotar de una partida presupuestaria específica al Banco de Alimentos para los ejercicios 2026 y 2027, destinada a mejorar su capacidad logística y de personal.
Nueva Melilla ha instado además al Gobierno del PP a concretar qué medidas adoptará para aplicar la ley en la ciudad, especialmente en lo relativo a la coordinación con grandes superficies y el sector de la hostelería.
La entrada en vigor de esta normativa ha sido valorada positivamente por entidades sociales, que destacan su potencial para reducir el desperdicio, aunque coinciden en la necesidad de su correcta implementación a nivel local.
