El Pleno de la Asamblea debatió la primera interpelación relativa al impacto del Real Decreto 7/2006, centrada en el Plan Integral de Respuesta a la Crisis en Oriente Medio que se ha adoptado a nivel estatal. La iniciativa fue planteada por el diputado Emilio Guerra, de Coalición por Melilla (CpM), quien alertó de que la ciudad autónoma queda al margen de los alivios fiscales al no operar el IVA en el régimen económico local y acusó al Gobierno de Imbroda de "ausencia de interlocución con el Gobierno central".
Guerra sostuvo que el decreto, concebido para reducir la carga fiscal sobre electricidad, gas y carburantes, no tiene aplicación efectiva en Melilla debido al IPSI. En su intervención, subrayó que “los melillenses afrontamos esta crisis sin los mecanismos de compensación que sí existen para el resto de los españoles”. Además, denunció que esta situación no es nueva y que ya ocurrió con medidas similares en 2022 con la guerra de Ucrania.
El diputado de CpM señaló que la exclusión responde a una falta de adaptación normativa a la singularidad fiscal de Melilla y cuestionó la actuación institucional. Por ello, preguntó directamente al Gobierno local si ha realizado gestiones ante el Ministerio de Hacienda o si ha activado mecanismos internos como el Observatorio Económico o la Comisión de Hacienda.
Durante su intervención, advirtió del impacto socioeconómico en la ciudad, recordando que Melilla presenta el 23% de desempleo y que casi la mitad de la población está en riesgo de pobreza. Guerra afirmó que si no hacen nada “las familias melillenses seguirán soportando el encarecimiento de sus gastos cotidianos sin ningún alivio en su factura. Tenemos la Ley 8/1991. Fíjese que fácil. Instrumentos legales que tenemos a nuestro alcance para paliar esta situación y los efectos de la misma en nuestros ciudadanos, que no tienen el resto de comunidades autónomas”.
En respuesta, el vicepresidente primero del Gobierno, Miguel Marín, rechazó las críticas y negó que exista falta de interlocución institucional. Según Marín, “el Gobierno de España no quiere saber nada ni de Melilla ni de los melillenses”.
El vicepresidente defendió que el Ejecutivo de Imbroda lleva años reclamando mejoras en materia económica, infraestructuras y transporte, citando actuaciones vinculadas a la aduana comercial, el transporte marítimo y aéreo, así como inversiones previstas en presupuestos anteriores. En su exposición, insistió en que las demandas han sido constantes y documentadas.
Marín también criticó la postura del diputado de CpM, según el vicepresidente un partido localista, reprochándole que plantee asumir desde la ciudad medidas que, a su juicio, deben corresponder al Estado. “Nosotros exigimos al Gobierno de España que se haga cargo, como en el resto del país”, señaló. “La interpelación se la tendrían que haber hecho a la delegada. Lo indignante es que una melillense, de nuevo, haya preferido justificar otra indiferencia como esta antes de alzar la voz y exigir a Sánchez el mismo trato para los melillenses que para el resto”.
El colmo de la poca vergüenza. Que diga una sola cosa que haya hecho el miserable gobierno de Imbroda para mejorar la vida de los melillenses. Se dejan un pastón en chanchullos y chiringuitos y luego piden al gobierno central que sea el que se ocupe de la gente.