El Gobierno pondrá en marcha el observatorio de la incapacidad temporal con el objetivo de analizar la situación de las bajas laborales y abordar posibles dificultades en la gestión de esta prestación junto a patronal y sindicatos. Así lo anunció el secretario de Estado de la Seguridad Social y Pensiones, Borja Suárez, tras la reactivación de la mesa de diálogo social, que este pasado lunes volvió a reunirse después de siete meses sin encuentros.
Según explicó Suárez, este observatorio estaba contemplado en los acuerdos alcanzados a finales de 2024 y servirá para elaborar un diagnóstico detallado del sistema de incapacidad temporal. Sus trabajos también alimentarán las negociaciones en el marco del diálogo social, donde el Ejecutivo ha trasladado que, “más allá de las discrepancias”, existen elementos para que las medidas puedan ver la luz próximamente.
El secretario de Estado señaló además que el Gobierno se ha comprometido a remitir a patronal y sindicatos una propuesta actualizada de medidas para seguir avanzando en la próxima reunión, que ha sido convocada para el lunes 16 de febrero.
La reactivación de estas negociaciones se produce después de que la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) presentara la semana pasada un informe sobre el gasto en incapacidad temporal. En ese documento se advertía de un repunte de las bajas y se reclamaba un mayor control desde la Seguridad Social.
Entre las iniciativas planteadas por el Ejecutivo se encuentra la reincorporación progresiva al trabajo y el impulso de convenios con las comunidades autónomas y las mutuas para aprovechar mejor los recursos en patologías traumatológicas. En este ámbito, Suárez reconoció que hasta el momento se han suscrito pocos acuerdos, concretamente con Cataluña, Baleares, Asturias, Ceuta y Melilla, y señaló que echa en falta un mayor interés por parte de otras comunidades autónomas.
El Ministerio de Inclusión detalló que en el observatorio también participará el Ministerio de Sanidad. La finalidad será doble: por un lado, mejorar la salud y la recuperación de los trabajadores; por otro, promover una gestión más eficaz de la prestación dentro del sistema de Seguridad Social.
Tras la reunión de la mesa de diálogo social, patronal y sindicatos evidenciaron sus diferencias sobre el diagnóstico y las soluciones. El secretario confederal de Protección Social y Políticas Públicas de CCOO, Carlos Bravo, criticó el informe de la AIReF y rechazó que se ponga el foco en los trabajadores. “Lo que no se puede es culpabilizar a las personas que tienen procesos recurrentes, pensando que quien cae de baja varias veces en un año o varias veces en años sucesivos es un defraudador”, afirmó.
Desde UGT, su secretaria ejecutiva, Cristina Estévez, subrayó la incidencia que tiene el “deterioro” del sistema público de salud en el incremento de la duración de los procesos de incapacidad temporal.
Por su parte, la directora del Departamento de Empleo, Diversidad y Protección Social de la CEOE, Rosa Santos, sostuvo que la incidencia de las bajas constituye “uno de los problemas más graves del país”. La patronal ha defendido medidas como otorgar más funciones a las mutuas, incluyendo la posibilidad de dar altas, o reforzar el control por parte de la Seguridad Social en casos de trabajadores recurrentes. Santos insistió en que se trata de un problema de gestión que no debe recaer sobre las empresas y apuntó que, si existe una actuación inadecuada por parte del Estado, este deberá asumir sus responsabilidades.
Este debate cobra especial relevancia en territorios como Melilla, que recientemente encabezó el ranking nacional de bajas laborales tanto por número como por duración, según informó este periódico. La evolución de la incapacidad temporal y las medidas que se adopten en el marco del diálogo social serán determinantes para abordar una cuestión que afecta tanto a trabajadores como a empresas y administraciones públicas.
