Un total de 18 militares españoles han presentado una querella ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo contra la subsecretaria del Ministerio de Defensa, Adoración Mateos Tejada, por la presunta comisión de un delito de prevaricación administrativa, así como, de forma subsidiaria, otros posibles ilícitos que pudieran determinarse durante la instrucción. La acción judicial ha sido interpuesta por el Gabinete Jurídico Suárez-Valdés, que representa a los afectados.
Según se expone en el escrito de querella, los demandantes son militares de carrera que han accedido, mediante procesos selectivos internacionales abiertos, a puestos como personal civil internacional de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN). En todos los casos, los interesados acreditaron su condición de personal estatutario de la OTAN mediante certificados oficiales emitidos por las agencias correspondientes, tal y como exige la normativa española.
La legislación vigente, en concreto el artículo 109.1.k de la Ley 39/2007 de la Carrera Militar, establece que los militares que adquieran la condición de personal estatutario de la OTAN deben ser declarados en la situación administrativa de servicios especiales, siempre que no ocupen puestos orgánicos relacionados con la seguridad y la defensa. El Reglamento que desarrolla esta ley fija, además, que dicha condición debe acreditarse exclusivamente mediante certificación del organismo internacional competente.
La querella sostiene que, pese al carácter obligatorio de este pase administrativo, la Subsecretaría de Defensa habría comenzado a denegar de forma sistemática las solicitudes de pase o de continuidad en la situación de servicios especiales de los querellantes. Según el escrito, estas resoluciones se habrían basado en un criterio no previsto en la ley, como es la supuesta necesidad de una autorización previa del Estado español para trabajar en la OTAN.
Como consecuencia de estas denegaciones, varios de los militares afectados se vieron obligados a solicitar excedencias voluntarias por interés particular para no perder sus puestos de trabajo en la Alianza Atlántica mientras recurrían las decisiones del Ministerio de Defensa en vía administrativa y judicial.
El documento presentado ante el Supremo recoge una extensa relación de sentencias firmes dictadas por los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo y por la Audiencia Nacional que anulan las resoluciones de la Subsecretaría de Defensa. En dichos fallos, los tribunales reconocen de forma reiterada el carácter estatutario de los puestos desempeñados por los querellantes y concluyen que la Administración estaba obligada a conceder el pase a la situación de servicios especiales.
La querella subraya que estas sentencias han sido debidamente notificadas al Ministerio de Defensa, sin que, según los querellantes, se haya producido un cambio en la actuación administrativa respecto a otros expedientes idénticos. Esta reiteración es uno de los elementos en los que se apoya la acusación para sostener que las resoluciones habrían sido dictadas a sabiendas de su posible injusticia.
Asimismo, el escrito hace referencia al dictamen emitido en diciembre de 2024 por el Consejo de Estado, que examinó un proyecto de real decreto promovido por el Ministerio de Defensa para modificar el reglamento de situaciones administrativas de los militares. El órgano consultivo concluyó que la modificación pretendida, que restringía el concepto de personal estatutario de la OTAN, era contraria al principio de legalidad y debía suprimirse.
Los militares querellantes han prestado o prestan servicio en distintos países, entre ellos Estados Unidos, Bélgica, Alemania, Italia y Países Bajos, en agencias y estructuras como la NCIA, la NSPA o el cuartel general de la OTAN en Bruselas. La querella solicita ahora al Tribunal Supremo que valore la apertura de diligencias para investigar los hechos denunciados.
