La Autoridad Portuaria de Melilla (APM) ha confirmado que el cierre del establecimiento de hostelería “La Compañía”, situado en el puerto deportivo de la ciudad, obedece exclusivamente a los problemas económicos que atravesaba la empresa que lo gestionaba, “Compañía Minas del Rif S.L.”. Así lo expresa el presidente del organismo, Manuel Ángel Quevedo, en un comunicado oficial este jueves, con el que pretende aclarar a la opinión pública las circunstancias reales del cese de actividad de este emblemático local, que durante más de dos décadas fue una referencia del ocio melillense.
La APM asegura que el cierre no responde a una decisión discrecional ni a la voluntad de desalojar a la empresa para adjudicar el espacio a un tercero, sino a una imposibilidad legal derivada de la grave situación financiera de la entidad explotadora. El comunicado señala que, una vez finalizado el título de ocupación en agosto de 2025, los informes emitidos por el departamento económico-financiero de la propia Autoridad Portuaria desaconsejaban cualquier tipo de renovación. “Hacía legalmente imposible conceder una autorización anual ni, mucho menos, plantear al Consejo de Administración una concesión por más años”, afirma el documento.
El presidente del ente portuario reconoce públicamente la trayectoria del local y destaca el valor que ha tenido para el puerto deportivo y para la ciudad. Asegura que tanto la institución como los representantes del Gobierno local en el Consejo de Administración han manifestado en todo momento su interés en mantener el funcionamiento del negocio.
“La APM ha deseado en todo momento la continuidad de dicho local, dada su trayectoria a lo largo de los años en nuestras instalaciones y su implantación en la hostelería local”, subraya el texto, que niega rotundamente que existiera una intención deliberada de cerrar el negocio o de favorecer a un tercero.
El espacio ocupado por “La Compañía” comprendía un total de 360,60 metros cuadrados, repartidos entre 97,90 metros cuadrados del local principal y otros dos espacios cerrados, hasta alcanzar los 169,60 m² construidos. A ello se sumaban 191 metros cuadrados de terrazas, tanto cubiertas como descubiertas.
En cuanto a los costes asociados a la ocupación, la Autoridad Portuaria precisa que las tasas aplicadas eran de carácter oficial y de obligado cumplimiento, establecidas por normas legales y auditores externos. Según el comunicado, el precio era de aproximadamente 3 euros por metro cuadrado en el caso de las terrazas y 10 euros para los locales cerrados. La APM recalca que estos precios son inferiores a los que se pagan en otras zonas comerciales de la ciudad. Por ello, considera que las acusaciones sobre supuestos precios abusivos son “absolutamente inciertas”.
Otra de las cuestiones abordadas en el comunicado tiene que ver con el futuro del local, identificado como el número 18. La APM asegura que este espacio “ni está comprometido con nadie ni existe ninguna solicitud, ni ningún interesado del que esta APM tenga conocimiento”. El organismo afirma que será adjudicado en el futuro mediante el procedimiento reglado habitual, a una empresa local que cumpla los requisitos legales y presente un proyecto viable para un uso compatible con la zona, como la hostelería, el comercio o actividades náuticas. El uso como oficina, despacho o similares queda expresamente excluido. Además, anima a los emprendedores locales a presentar sus propuestas, que pueden consultarse en la web del organismo.
El organismo portuario adopta un tono más firme al referirse a las manifestaciones públicas vertidas en los últimos días, que califica de “gravemente tendenciosas”. Advierte que sus servicios jurídicos ya están analizando dichas declaraciones y que el organismo se reserva el derecho de emprender acciones legales para salvaguardar su imagen y su actuación institucional. “Como ya se ha hecho en otro caso reciente, se presentará una denuncia por aseveraciones que faltan a la verdad y atentan contra el organismo”, señala la APM.
Estas aclaraciones se producen después de que uno de los socios de “La Compañía” ofreciera una versión diferente de los hechos relatados por la otra parte del negocio. Éste cuestionó la versión oficial de la Autoridad Portuaria, negó que la empresa estuviera en situación económica insalvable, criticó las tasas impuestas y afirmó que no existió voluntad real de colaborar por parte del organismo. También expresó su preocupación por lo que interpretó como un intento de adjudicar el espacio a otro operador.
¿Problemas financieros? ¡órale, esta gente no hace más que mentir! ¡Que chale güey!