La jefa de la Unidad de Coordinación contra la Violencia sobre la Mujer de la Delegación del Gobierno en Melilla, Laura Segura, ha informado del importante avance en la ejecución del renovado Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Según ha explicado, a lo largo del año 2025 se han activado 235 de las 461 medidas contempladas, lo que representa un 51% del total.
La responsable ha resaltado que se trata de un pacto “vivo”, que va más allá de los compromisos teóricos para traducirse en intervenciones concretas, dirigidas a reforzar la prevención, mejorar la detección y asegurar la protección de las víctimas de violencia machista. Este impulso se ha visto acompañado por una movilización económica sin precedentes.
En total, el Gobierno de España ha destinado más de 82 millones de euros a la ejecución directa de las medidas previstas en el pacto. A esa cifra se suman otros 200 millones de euros transferidos a las comunidades autónomas y entidades locales, lo que sitúa el esfuerzo total por encima de los 280 millones durante el año 2025.
El Ministerio de Igualdad ha tenido un papel central en este proceso. Ha sido el departamento encargado de impulsar la mayoría de las actuaciones del pacto, gestionando directamente más de 53 millones de euros. “Existe una apuesta firme por reforzar las políticas públicas frente a todas las formas de violencia contra las mujeres, con recursos económicos, coordinación interinstitucional y nuevas herramientas legales”, subrayó Segura.
Entre las iniciativas más destacadas de este año se encuentra el avance del anteproyecto de Ley contra la violencia vicaria, una normativa orientada a visibilizar y combatir el daño causado a menores como forma de violencia hacia sus madres. También se ha reforzado la red de programas de apoyo a mujeres y niñas víctimas de trata y explotación sexual, un fenómeno que requiere intervenciones especializadas y coordinación entre distintos ámbitos de actuación.
Además, se ha hecho hincapié en una gestión eficaz y transparente de los fondos públicos, con el objetivo de maximizar el impacto de cada euro invertido. Según Segura, este enfoque permite garantizar que todas las administraciones implicadas actúen con responsabilidad y eficacia en la ejecución del pacto.
La inserción sociolaboral de las víctimas, la sensibilización social y la mejora de la comunicación institucional con perspectiva de género también han formado parte de las líneas prioritarias de actuación. Estas áreas, según la Delegación del Gobierno, resultan fundamentales para ofrecer una respuesta integral frente a la violencia de género y asegurar que las políticas públicas lleguen de forma efectiva a quienes las necesitan.
Como ya destacó El Faro de Melilla en un reportaje previo, el nuevo pacto introduce un enfoque transversal que obliga a implicar a todas las áreas del Estado, desde la justicia hasta la educación, pasando por los servicios sociales, sanidad, empleo o medios de comunicación.
Segura también ha resaltado que el Pacto de Estado cuenta con el respaldo de la mayoría de los grupos parlamentarios, lo que refuerza su carácter de política de Estado. “Demuestra que la lucha contra la violencia de género debe ser una política basada en el consenso, la responsabilidad y la protección efectiva de las mujeres y sus hijos e hijas”, concluyó.
Con más de la mitad del camino recorrido, el Gobierno mantiene su compromiso de continuar desplegando las medidas restantes en 2026, consolidando una estrategia sostenida y ambiciosa frente a una de las problemáticas más graves que enfrenta la sociedad española.
