El Gobierno de España ha logrado reubicar a cerca de un millar de menores migrantes no acompañados en distintas comunidades autónomas en los últimos seis meses, tras la aprobación de la reforma del artículo 35 de la Ley de Extranjería. Así lo ha confirmado el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, en un balance ofrecido sobre la actividad desarrollada por su departamento durante el año 2025.
Según los datos ofrecidos, se han iniciado 1.241 expedientes vinculados a esta reforma legislativa, impulsada como respuesta a la presión migratoria que afecta especialmente a territorios frontera como Canarias, Ceuta y Melilla, aunque también con antecedentes en Andalucía. De estos expedientes, las delegaciones del Gobierno han dictado ya 810 resoluciones firmes de traslado. Hasta la fecha, 368 de esas resoluciones se han materializado en reubicaciones efectivas, mientras que otras 442 están aún pendientes de ejecución.
Además, el titular de Política Territorial ha informado de que 408 menores no acompañados que han solicitado asilo han sido acogidos en la red de protección internacional del Estado, de los cuales 167 permanecen actualmente en Canarias.
Torres ha destacado que esta reforma del artículo 35 constituye un “hito” legislativo a favor de los derechos de la infancia migrante. No obstante, también ha alertado de que dicha norma “puede revertirse”, en alusión a los partidos políticos que votaron en contra de su aprobación: Partido Popular y Vox. Ambos han manifestado su intención de derogar este artículo si obtienen mayoría en la próxima legislatura, prevista para 2027, tal como ha recordado el ministro.
“La gran amenaza es que esta conquista de derechos humanos es reversible”, ha asegurado el también secretario general del PSOE en Canarias. En su intervención, ha subrayado que una eventual derogación del artículo implicaría “aplastar los derechos de los menores” y “abandonar a su suerte” a los territorios frontera, como son las islas Canarias, Ceuta y Melilla.
El Gobierno, por su parte, defiende que la medida ha sido necesaria para distribuir de forma equitativa la responsabilidad de atención a estos menores entre todas las comunidades autónomas, con independencia de su color político. En este sentido, Torres ha puesto en valor el diálogo institucional mantenido con las autonomías a lo largo del año. “Más autonomía no significa menos Estado”, ha afirmado, remarcando que su Ministerio ha respondido afirmativamente a todas las solicitudes de comisiones bilaterales por parte de las comunidades.
En ese marco de cooperación, ha recordado que en los dos últimos años se han cerrado 18 traspasos de competencias entre el Estado y los gobiernos regionales, cifra superior a los 16 que se formalizaron durante todos los años de mandato de Mariano Rajoy. Desde que Pedro Sánchez es presidente, la cifra asciende a 40.
Cabe recordar que, pese a las alegaciones de algunas comunidades autónomas contra el reparto obligatorio, el Tribunal Supremo rechazó en septiembre de este año suspender cautelarmente la aplicación del nuevo artículo 35. La decisión judicial supuso un respaldo jurídico clave a la estrategia del Ejecutivo para aliviar la carga que soportan los territorios que reciben en primera instancia a los menores migrantes.
Con estas cifras, el Ejecutivo considera que la reforma ha comenzado a dar resultados en un contexto migratorio complejo, marcado por la llegada constante de menores no acompañados a costas españolas, principalmente a través de Canarias. A pesar de las resistencias políticas y administrativas, Torres ha insistido en que el compromiso del Gobierno con los derechos humanos y la corresponsabilidad autonómica seguirá vigente mientras la legislación lo permita.
