El consejero de Medio Ambiente y Naturaleza de la Ciudad Autónoma de Melilla, Daniel Ventura, ha lanzado duras críticas contra las voces que cuestionan la gestión medioambiental de su departamento, a las que acusa de actuar con un claro sesgo político. Según el consejero, las protestas por actuaciones en entornos protegidos como los acantilados de Aguadú se magnifican solo cuando el Partido Popular está en el Gobierno, mientras que se silencian o minimizan cuando quienes gobiernan son otras formaciones como el PSOE o Coalición por Melilla.
En su intervención, Ventura acusó a colectivos y a determinados sectores políticos y mediáticos de tener una doble vara de medir. “Si esa actuación en Aguadú la hubiera hecho el Partido Popular, alguno tiene un serio problema judicial”, afirmó con contundencia.
El consejero defendió que actuaciones similares, e incluso de mayor impacto, llevadas a cabo por gobiernos anteriores no provocaron ni de lejos la misma reacción. Entre los ejemplos que mencionó están obras como la construcción de un dique en la zona C de Aguadú durante una etapa de Gobierno anterior, donde, según él, se destruyó vegetación autóctona y protegida sin que se produjeran protestas públicas de calado.
Ventura relató que en esa obra se construyó un pequeño puerto y que para ejecutarlo se eliminaron ejemplares de flora protegida. “Mataron alguna patella, y una sola patella ya es un problema. Lo mismo que cuando se mata un lobo, que también está protegido”, señaló. Insistió en que en aquel momento no hubo reacción alguna de los grupos ecologistas, a los que acusó de aparecer “solo cuando somos nosotros los que hacemos algo”.
La polémica sobre las obras en los acantilados ha llevado a la Consejería de Medio Ambiente a solicitar diversos informes técnicos y jurídicos para esclarecer las competencias implicadas y evaluar los posibles impactos medioambientales. En esos informes, remitidos también a la Fiscalía, se subraya la necesidad de aplicar medidas correctoras y establecer responsabilidades claras. La Ciudad Autónoma sostiene que no fue informada con antelación de la intervención realizada y que el Ministerio de Interior ejecutó los trabajos sin pedir permiso ni consultar a los técnicos locales.
El consejero afirmó que fue el propio Ministerio quien organizó una especie de presentación del proyecto ya concluido, sin haber seguido los trámites preceptivos. “Ellos llegaron un día e hicieron la presentación de lo que habían hecho allí, sin contar con la Consejería ni con nuestros técnicos”, criticó. A su juicio, este proceder constituye una vulneración de las competencias autonómicas, ya que es su área la que debe inspeccionar, validar y autorizar cualquier actuación en espacios medioambientalmente sensibles.
Desde Guelaya, sin embargo, se sostiene que las obras causaron un daño irreversible en una zona con hábitats únicos. Según el colectivo, se destruyeron más del 65 por ciento de los espacios protegidos de la ZEC (Zona Especial de Conservación), con pérdida de especies endémicas, flora singular y alteración del equilibrio ecológico. La organización ecologista denunció también que se vulneraron varias normativas europeas y estatales en materia de conservación de la naturaleza.
Ventura respondió señalando que si realmente se busca proteger el medio ambiente, ese objetivo debe ser común a todos, sin distinción de colores políticos. “Debemos tener un criterio y unos valores que sean comunes para quienes piensan desde la derecha, desde la izquierda o desde el centro”, expresó. Añadió que acciones como plantar árboles o cuidar las playas deberían ser compartidas por todos, sin convertirlas en instrumentos de desgaste político.
También hizo referencia a otros episodios pasados, como la tala de árboles en la zona del nuevo hospital o en el Parque Lobera, que, según él, pasaron desapercibidos en su momento. “Ahí nadie dijo absolutamente nada. Se cargaron todo el arbolado y nadie protestó”, sostuvo, cuestionando que solo se produzca indignación cuando su formación está al frente del gobierno local.
Recalcó que incluso el vertido de aguas al Río de Oro, que lleva décadas produciéndose, se visibiliza solo cuando gobierna el PP. “Cuando lo hace otro, se normaliza”, lamentó.
En relación con las obras de Aguadú, la Consejería señaló que se pidieron reiteradamente informes y se solicitó que se paralizaran las actuaciones para analizar su impacto, pero estas peticiones no fueron atendidas. Además, el Gobierno local denunció que se enteró de la intervención una vez ya concluida, lo que imposibilitó una evaluación previa adecuada.
En sus conclusiones, Ventura hizo un llamamiento a la coherencia y a la responsabilidad compartida en el cuidado del entorno. Subrayó que cuidar el medio ambiente no puede depender de quién esté en el poder, y que la defensa de la naturaleza no debería utilizarse como herramienta política. “¿Cuidamos el medio ambiente? Pues cuidémoslo todos. ¿Plantamos árboles? Hagámoslo entre todos”, reclamó.
Este cruce de reproches entre el Ejecutivo local y los ecologistas revela una creciente polarización en torno a la política ambiental en Melilla. Mientras las organizaciones conservacionistas reclaman una actuación más respetuosa con el entorno y exigen responsabilidades por los daños causados, el Gobierno acusa a sus críticos de actuar con intereses partidistas y de olvidar el pasado reciente. La tensión entre ambas partes se mantiene, con el medio ambiente como campo de batalla política y social.
