El presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla, Juan José Imbroda, ha confirmado que su Gobierno estudia aplicar un reajuste fiscal para compensar el efecto de la subida de la tasa de basuras. La medida, aún en fase de análisis, podría concretarse en una reducción del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) u otros tributos municipales, como vía para aliviar la carga fiscal que recaerá sobre los ciudadanos tras la entrada en vigor de la normativa nacional sobre residuos.
Esta propuesta surge como respuesta a la Ley 7/2022 de residuos y suelos contaminados para una economía circular, impulsada por el Gobierno central en cumplimiento de directrices de la Unión Europea. Esta normativa obliga a las entidades locales a actualizar sus tasas de recogida y tratamiento de residuos para que reflejen el coste real del servicio, en el marco de una política medioambiental más estricta.
Desde el entorno del presidente Imbroda se insiste en que la Ciudad se ha visto forzada a aplicar esta subida por exigencia legal y que no se trata de una decisión política adoptada por el Gobierno local. De hecho, recalcan que Imbroda ya ha comenzado a mantener conversaciones con la Consejería de Hacienda para explorar fórmulas que permitan amortiguar su impacto.
“Lo está hablando con Hacienda porque esto es un tema técnico, y cualquier rebaja debe coordinarse con los servicios económicos de la Ciudad”, señalaron fuentes del Ejecutivo.
El propio presidente ha manifestado públicamente su preocupación por el efecto que esta subida pueda tener en las familias melillenses. En la actualidad, Melilla realiza una inversión especialmente alta en limpieza viaria y recogida de residuos, lo que, en cumplimiento de la nueva ley, obliga a repercutir ese coste a través de la tasa correspondiente.
“Lo que se invierte en limpieza, lo que marca esa medida, es que hay que recuperarlo, que lo tienen que pagar los ciudadanos”, explicaron desde su equipo. Esto ha provocado que la actualización suponga una subida “espectacular” respecto a los importes que se venían abonando hasta ahora.
En este contexto, el Gobierno de la Ciudad considera que una posible rebaja del IBI permitiría compensar parcialmente ese incremento. Aunque la tasa de basuras seguirá aplicándose conforme a la nueva normativa, la reducción de otros impuestos contribuiría a equilibrar la presión fiscal global que soportan los contribuyentes.
“No es que no se vaya a pagar, claro que se va a pagar, pero la única manera de compensarla es con la reducción del IBI”, apuntaron desde el entorno del presidente.
La Ciudad Autónoma aún no ha concretado plazos ni cifras sobre cómo se implementaría esta posible rebaja, pero se prevé que las decisiones se adopten en coordinación con los servicios técnicos y jurídicos. Imbroda ha asegurado que la ciudadanía será puntualmente informada una vez exista una propuesta definitiva sobre la mesa.
A nivel nacional, la medida también ha generado controversia. Desde la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), su vicepresidenta y alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, criticó la forma en la que el Gobierno ha trasladado esta responsabilidad a los ayuntamientos y ciudades autónomas.
“La tasa de basuras que impone el Gobierno es una falta de respeto a los municipios”, declaró, acusando al Ejecutivo central de cargar sobre las administraciones locales una obligación fiscal sin facilitar los recursos necesarios para hacerle frente.
En Melilla, el anuncio del posible reajuste ha sido bien recibido por varios colectivos vecinales, que en las últimas semanas habían comenzado a expresar su preocupación por el encarecimiento de los servicios públicos. La expectativa ahora se centra en que el Gobierno local logre encontrar un equilibrio entre el cumplimiento legal de la normativa estatal y la protección del bolsillo de los ciudadanos.
Por su parte, la Consejería de Hacienda mantiene abiertas varias líneas de trabajo para evaluar el impacto económico del reajuste y diseñar un mecanismo viable que no comprometa la estabilidad presupuestaria de la Ciudad. El proceso requerirá, previsiblemente, informes técnicos y jurídicos, además de la aprobación de las modificaciones fiscales por parte de la Asamblea.
Hasta que se defina un plan concreto, el Ejecutivo local insiste en que la prioridad será minimizar las consecuencias negativas para las familias melillenses, sin incumplir con las obligaciones legales derivadas de las políticas medioambientales europeas.
