El Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa) ha valorado de forma positiva el informe emitido por el Tribunal de Cuentas sobre los gastos farmacéuticos hospitalarios en Ceuta y Melilla durante los años 2022 y 2023, subrayando tanto la utilidad de la fiscalización como su alto nivel técnico. El informe, publicado el pasado 28 de noviembre, forma parte del ejercicio ordinario del órgano fiscalizador y se centra en el análisis de los procesos de adquisición y gestión de medicamentos en las áreas sanitarias de ambas ciudades autónomas.
En su comunicado oficial, Ingesa agradece expresamente la labor del Tribunal, al que califica como una “auditoría externa de sobresaliente nivel técnico e incalculable valor”, y asegura que sus conclusiones permitirán seguir avanzando en la mejora de la eficiencia de la gestión pública. La fiscalización ha contado con la colaboración activa del Ingesa, tanto desde su Dirección General como desde las gerencias territoriales, facilitando toda la documentación requerida y participando en reuniones presenciales y telemáticas durante todo el proceso, según afirma este organismo.
El informe del Tribunal de Cuentas advierte de que la compra de medicamentos se ha realizado mayoritariamente al margen de la normativa de contratación pública, lo que ha provocado, en algunos casos, diferencias superiores al 50% en el precio de un mismo medicamento adquirido en distintas ocasiones o entre los hospitales de Ceuta y Melilla. Asimismo, se identifican retrasos en la conformidad y el pago de los suministros.
En 2022, el 96,52% de las adquisiciones se efectuaron sin procedimiento reglado, porcentaje que descendió al 89,57% en 2023, lo que representa una mejora del 7,2%. Ingesa subraya que esta situación no es exclusiva de sus centros, sino que se repite en hospitales de todo el país. Recuerda que el propio Tribunal ha evidenciado cifras elevadas de compras directas en comunidades como Cantabria, Extremadura, Murcia o La Rioja, donde algunos hospitales llegaron a realizar más del 90% de sus compras farmacéuticas sin respetar los principios de contratación pública establecidos en la ley.
A juicio del Ingesa, estas cifras reflejan una dificultad estructural del sistema sanitario español para compatibilizar la urgencia en el aprovisionamiento de medicamentos, a menudo vital, con los complejos y dilatados procedimientos legales vigentes en materia de contratación. El organismo recuerda que esta problemática ya fue reflejada en informes anteriores del Tribunal, como el realizado sobre el periodo 1999-2000, que situaba el gasto fuera de procedimiento en más del 90%.
Pese a ello, Ingesa destaca que en el caso de Melilla, al cierre de 2024, los contratos menores representaron únicamente el 2,2% del volumen total adjudicado en términos económicos. De los 165 contratos contabilizados, 111 fueron menores, pero solo supusieron el 9,5% de las obligaciones económicas reconocidas. Esta evolución consolida, según el organismo, una tendencia de mejora en el cumplimiento normativo.
En paralelo, Ingesa afirma que ya se están implementando varias de las recomendaciones recogidas por el Tribunal. Los acuerdos de gestión para 2026 incluyen medidas como el impulso del uso de medicamentos biosimilares, la creación de la Comisión de Farmacia y Terapéutica en el Hospital Universitario de Melilla, y mejoras en la trazabilidad de los medicamentos. Además, se espera que las deficiencias señaladas en los sistemas tecnológicos queden subsanadas con el traslado al nuevo Hospital Universitario de Melilla (HUME) y con los avances en la digitalización de la historia clínica electrónica.
El informe del Tribunal también subraya otras carencias relevantes: ausencia de planificación de los aprovisionamientos, lo que favorece las adquisiciones directas; falta de procedimientos de gestión homogéneos y normalizados; obsolescencia tecnológica; y carencias en la interoperabilidad de las aplicaciones informáticas. Todo ello, según el organismo fiscalizador, dificulta la trazabilidad de las compras, la conciliación contable y la revisión por parte de los órganos de control. Asimismo, se señala que las deficiencias alcanzan también a los medicamentos sujetos a condiciones especiales de financiación, lo que impide conocer los retornos derivados de acuerdos de precio-volumen o techos de gasto.
Otro de los aspectos destacados por el Tribunal es la necesidad de reforzar la aplicación de medidas previstas por ley para fomentar el uso racional del medicamento. Se indica, por ejemplo, la mejora en la redosificación de productos farmacéuticos, la homogeneización de criterios para fármacos fuera de indicación y el refuerzo del papel de los órganos encargados de velar por la calidad en los procesos terapéuticos.
Por su parte, Ingesa recuerda que sus centros sanitarios son los únicos de todo el Sistema Nacional de Salud que, además de estar bajo el control del Tribunal de Cuentas, se someten permanentemente a la fiscalización previa de la Intervención General de la Seguridad Social. Esto refuerza sus controles operativos y eleva el estándar de exigencia en su gestión.
Finalmente, Ingesa insiste en que estudiará en detalle todas las conclusiones del Tribunal de Cuentas para incorporar sus sugerencias y seguir avanzando en la eficiencia del sistema. Además, recuerda que tanto el informe completo como su resumen están disponibles públicamente a través de la web del Tribunal.
