Desde este martes, las ludotecas de Acera Negrete y Las Palmeras permanecen cerradas tras el inicio de una huelga indefinida convocada por los trabajadores de la empresa Alvalop, adjudicataria del servicio, ante el impago de sus nóminas. La situación ha vuelto a poner en evidencia las dificultades que arrastra la gestión de este recurso educativo y social, esencial para muchas familias melillenses, y ha obligado al Gobierno local a responder ante un nuevo parón en el servicio.
El presidente de la Ciudad Autónoma, Juan José Imbroda, se pronunció sobre la cuestión tras ser preguntado por los medios de comunicación y quiso transmitir un mensaje de calma y apoyo al personal afectado. Aseguró que el Ejecutivo está completamente implicado en la búsqueda de una solución y que la Consejería de Bienestar Social, dirigida por Randa Mohamed, mantiene un contacto constante con los trabajadores.
“El apoyo a los trabajadores es total”, afirmó el presidente. “La consejera lo ha expresado muchas veces y ha estado con ellos cada vez que lo han necesitado. No hace falta más presión ni manifestaciones. Estamos totalmente concienciados y trabajando para que esta pesadilla termine de una vez”.
Expedientes y sanciones contra la empresa
Imbroda fue muy crítico con la actuación de Alvalop, a la que acusó de haber gestionado el contrato de manera inaceptable. Señaló que la Ciudad Autónoma ya ha iniciado los expedientes administrativos y sancionadores correspondientes por el incumplimiento de las obligaciones laborales y contractuales.
“Lo que ha hecho esa empresa está muy mal hecho, muy malamente hecho”, insistió. “Esa empresa no tiene que seguir o, en todo caso, debe estar sujeta a lo que marca la ley. Los expedientes están en marcha, las sanciones también, y los servicios están trabajando para resolverlo cuanto antes”.
El presidente recordó que este tipo de conflictos no son nuevos y que el Gobierno de la Ciudad ha tenido que actuar en el pasado ante problemas similares. Citó como ejemplo el caso de la residencia de Purísima Concepción, donde también fue necesario intervenir para garantizar la continuidad del servicio.
“En Purísima pasó igual: tuvimos que intervenir y resolver la situación. Lo hicimos y se terminó el conflicto, ahora lo lleva Tragsa. En este caso, actuaremos con la misma determinación. Todo se va a arreglar porque estamos trabajando para ello”, afirmó.
“No es momento de manifestaciones”
El presidente pidió a los trabajadores y a la ciudadanía confianza en las gestiones que ya se están realizando. Considera que no es necesario aumentar la presión mediante protestas, ya que el Gobierno local “está completamente volcado” en resolver el problema.
“No hace falta ninguna manifestación más. Que la hagan si quieren, pero no es necesaria. Nosotros estamos concienciados y sabemos lo que hay que hacer”, declaró.
Imbroda insistió en que la prioridad es restablecer el servicio lo antes posible y que la Consejería de Bienestar Social está trabajando para que los trabajadores cobren y las ludotecas puedan volver a abrir sus puertas en cuanto sea viable.
Mientras tanto, el cierre de las ludotecas ha dejado sin este recurso a decenas de familias que dependen de estos espacios para la conciliación familiar y laboral. Las ludotecas de Acera Negrete y Las Palmeras atienden habitualmente a niños y niñas en horario extraescolar, por lo que la huelga ha tenido un impacto inmediato tanto en los usuarios como en el propio personal, que denuncia meses de retraso en el pago de sus salarios y condiciones laborales precarias.
Un conflicto heredado de la gestión anterior
Imbroda también apuntó a las raíces del problema, que, según explicó, se remontan a la etapa de gobierno anterior. Recordó que el contrato con Alvalop se adjudicó durante el mandato socialista y que su equipo ha heredado una situación compleja que ahora se está intentando enderezar.
“Esto viene de una mala gestión, de haber dejado un contrato que venciera durante esos cuatro años nefastos de la historia de Melilla”, dijo el presidente. “La empresa vino con el PSOE. No la trajimos nosotros. Fue una adjudicación de entonces, y ahora estamos afrontando las consecuencias”.
Imbroda subrayó que su Gobierno está comprometido con poner fin a los problemas estructurales que afectan a determinados servicios públicos. Señaló que la Ciudad Autónoma no permitirá que las empresas incumplan sus obligaciones con los trabajadores ni con la administración, y que se están adoptando todas las medidas necesarias para garantizar la legalidad y la estabilidad.
