Hoy, 12 de octubre, España observará con orgullo a sus militares desfilar por el Paseo de la Castellana. Será, como cada año, una imagen solemne, impecable y cargada de simbolismo. Ellos representan el compromiso, la entrega y la lealtad de quienes han jurado dar su vida por su país. Pero tras el brillo de los uniformes y el eco de los aplausos se esconde una realidad incómoda que el Ministerio de Defensa y el Gobierno de España prefieren silenciar: la de miles de militares de tropa y marinería que, pese a servir con dignidad y sacrificio, siguen siendo tratados como ciudadanos de segunda.
Es una paradoja dolorosa: en pleno año 2025, mientras la sociedad celebra su Fiesta Nacional, el propio Estado sigue expulsando del Ejército a militares que alcanzan los 45 años de edad, condenándolos al paro tras décadas de servicio. Servidores públicos formados, disciplinados y comprometidos que, al cumplir esa edad, son arrojados al olvido institucional sin una alternativa laboral real. No hay reconocimiento, ni estabilidad, ni justicia para quienes llevan el peso de las misiones, los despliegues y los sacrificios que otros solo aplauden desde la grada.
A esta injusticia se suma un marco retributivo vergonzosamente obsoleto. El Reglamento de Retribuciones Militares, con más de veinte años de antigüedad, nació viejo y sin visión de futuro. Ha dejado a nuestros soldados atrapados en nóminas ridículas, sin incentivos, sin progresión y sin esperanza de equipararse al resto de servidores públicos. Mientras tanto, el Ministerio de Defensa se refugia en discursos huecos y medallas conmemorativas, pero sigue sin afrontar el problema estructural de unas Fuerzas Armadas que sobreviven gracias al compromiso personal de sus integrantes, no al apoyo institucional.
Y si de compromiso hablamos, baste mirar a la Unidad Militar de Emergencias (UME), cuyos miembros se juegan la vida en incendios, inundaciones y catástrofes naturales. Una unidad ejemplar, formada por soldados que arriesgan su integridad física día a día para salvar vidas civiles. Sin embargo, el Gobierno sigue negándose a reconocer la profesión militar como de riesgo, mientras profesiones mucho menos expuestas sí disfrutan de esa protección legal. ¿Qué más pruebas necesita el Ejecutivo para admitir lo evidente?
Por si fuera poco, la siniestralidad en las Fuerzas Armadas continúa siendo alarmante. Los fallecimientos de los compañeros de Córdoba lo demuestran, un caso que permanece en vía muerta pese a las evidencias de carencias estructurales y negligencias graves. Resulta indignante que el Ministerio de Defensa trate de desviar la atención calificando aquellas muertes como “prácticas deportivas”. Ninguna sociedad moderna puede aceptar que se maquillen tragedias humanas para salvar la imagen de un ministerio. La transparencia no puede ser una amenaza; debe ser una obligación.
Y todo ello ocurre bajo un régimen disciplinario anacrónico, más propio del siglo XIX que de una democracia avanzada. Un sistema que, en tiempos de paz, sigue permitiendo sanciones desproporcionadas y limita derechos fundamentales que el resto de servidores públicos ejercen sin miedo. ¿Hasta cuándo va a mantener el Gobierno esta contradicción entre los valores constitucionales y la realidad castrense?
Mientras tanto, el presupuesto para Defensa en 2025 asciende a 10.471 millones de euros, de los cuales apenas 679 millones se destinarán al personal y al incremento de efectivos. El resto, a la industria y al armamento. Resulta insultante que el Estado invierta miles de millones en misiles, blindados y sistemas tecnológicos, pero siga sin dignificar los sueldos de quienes empuñan esas armas, pilotan esos aviones o conducen esos vehículos. No hay defensa nacional posible si quienes la sostienen viven en la precariedad.
La consecuencia de este abandono es visible, vemos como cada año disminuye el número de aspirantes a ingresar en las Fuerzas Armadas, y cada vez más militares abandonan sus filas buscando una vida civil más justa y estable. No se van por falta de vocación; se van porque el sistema les expulsa. Porque no se puede alimentar a una familia con “honor” ni pagar la hipoteca con “patria”.
Desde la Unión de Militares de Tropa (UMT), en este Día de la Fiesta Nacional, deseamos a todos los españoles un feliz 12 de octubre, pero no podemos ni queremos silenciar la verdad: España no puede seguir presumiendo de sus soldados solo un día al año mientras los condena al olvido los otros 364. A nuestros compañeros y compañeras de tropa y marinería, y por supuesto a todas las Fuerzas Armadas nuestro compromiso sigue firme: seguiremos luchando sin descanso por vuestro futuro, por vuestras familias y por la dignidad que os corresponde.
