Abortar en Melilla no es solo una cuestión médica o legal, sino también social. Ginecólogos consultados por The Objective han asegurado que muchas mujeres melillenses que deciden interrumpir voluntariamente su embarazo prefieren hacerlo fuera de la ciudad para evitar ser señaladas por su entorno. El miedo al estigma social lleva a muchas a viajar por cuenta propia a clínicas en la península, a pesar de que tienen derecho a ser derivadas por el sistema público de salud.
Aunque la interrupción voluntaria del embarazo es legal en España desde 2010 y está incluida en la cartera de servicios del sistema público, en Melilla no se practica. El motivo principal es que el 100% de los médicos del Hospital Comarcal se han declarado objetores de conciencia, según informó El Faro de Melilla. Esto impide que la intervención se realice en la ciudad, lo que obliga a derivar a las pacientes a otras comunidades, principalmente Andalucía.
Según datos del Ministerio de Sanidad, en 2024 un total de 151 mujeres melillenses abortaron en clínicas privadas fuera del territorio, todas ellas mediante derivación a centros extrahospitalarios. Sin embargo, fuentes sanitarias citadas por The Objective indican que esa cifra no refleja la realidad completa, ya que muchas otras mujeres optan por no seguir el circuito público y acudir directamente, por iniciativa propia, a clínicas privadas en Málaga u otras ciudades, asumiendo los gastos por su cuenta.
Esta decisión, explican los profesionales, no se debe solo a una cuestión de agilidad o comodidad, sino sobre todo al deseo de mantener el proceso en la mayor discreción posible. “Muchas mujeres no quieren exponerse a que alguien las vea entrando en el hospital o que se filtre su situación en una ciudad tan pequeña como Melilla”, señala un ginecólogo. En un entorno donde el anonimato es difícil y las redes sociales pueden amplificar rumores, la presión social actúa como una barrera silenciosa que condiciona el acceso a este derecho sanitario.
La situación en Melilla es excepcional en el contexto nacional. No existen centros acreditados en la ciudad para practicar abortos y todos los procedimientos se realizan fuera del territorio, mediante acuerdos entre el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa) y clínicas privadas andaluzas. Esta realidad se repite también en Ceuta, aunque con cifras menores: 14 mujeres ceutíes abortaron fuera en 2024.
El Ministerio de Sanidad permite la objeción de conciencia individual, pero exige a las comunidades autónomas garantizar el acceso efectivo a la prestación. En Melilla, esto se cumple únicamente mediante desplazamientos. Pero el derecho formal choca con la realidad de una sociedad donde muchas mujeres prefieren alejarse de su entorno para poder decidir sin ser juzgadas, según relatan los propios profesionales sanitarios.
Mientras tanto, organizaciones defensoras de los derechos reproductivos alertan de la desigualdad territorial en el acceso al aborto y del impacto que tiene el entorno social en el ejercicio libre de un derecho legal. Las mujeres melillenses que no cuentan con medios económicos suficientes o apoyo familiar pueden verse aún más expuestas a esta presión social, enfrentando mayores obstáculos para ejercer su derecho en igualdad de condiciones.
Hasta la fecha, no se han anunciado medidas concretas por parte del Ministerio de Sanidad o del Ingesa para revertir esta situación en Melilla, donde el aborto sigue siendo legal pero prácticamente inaccesible dentro del territorio, tanto por razones estructurales como sociales.
