Las asociaciones ADOMEL, Dejando Huellas, Plataforma Ciudadana NK y Freyja han lanzado este lunes una llamada urgente a las autoridades de Melilla para que detengan lo que califican como un “riesgo inminente” para la colonia felina asentada en el Parque Lobera desde hace más de ocho años. Denuncian que la Ciudad Autónoma ha incumplido la Ley de Bienestar Animal al iniciar la retirada de gatos sin seguir los protocolos legales y alertan de que la inminente entrada de maquinaria en la zona podría terminar con lo que queda de la colonia.
El conflicto se remonta al pasado mes de agosto, cuando las citadas asociaciones animalistas lograron que un juez impusiera medidas cautelarísimas para proteger la zona donde se encontraban los felinos, prohibiendo la entrada de maquinaria en el área afectada por las obras. No obstante, pocos días después, dichas medidas fueron levantadas bajo la condición de que la Ciudad garantizaría el cumplimiento de la normativa vigente en bienestar animal.
Según las entidades, esa condición no se ha respetado. En los últimos días, se han retirado gatos de la zona sin respetar el protocolo legal, sin la participación de la gestora responsable ni transparencia sobre el destino final de los animales. Denuncian que los gatos han sido trasladados a diferentes refugios, a pesar de que la normativa estatal establece que, en caso de reubicación, deben mantenerse juntos dentro de una colonia controlada.
“El acceso de la gestora encargada de alimentar y cuidar a los animales ha sido impedido”, afirman las asociaciones, que subrayan que todos los miembros de la colonia estaban esterilizados, vacunados y desparasitados.
En el comunicado, las asociaciones critican que la Consejería de Políticas Sociales y Salud Pública haya argumentado que las colonias felinas “no son legales” por no estar registradas. Las entidades responden que la existencia de una colonia se define por la convivencia de dos o más gatos en un mismo espacio, y que, por tanto, la administración tiene la obligación legal de actuar conforme a la Ley 7/2023 de Bienestar Animal, la Directriz Técnica Estatal de Colonias Felinas (2024) y el Plan de Control de Colonias Felinas.
Estas normas, según aseguran, han sido ignoradas deliberadamente, dando lugar a actuaciones que contravienen tanto la letra como el espíritu de la legislación. También agradecen el apoyo del Director General de Derechos de los Animales, José Ramón Becerra Carollo, quien se reunió recientemente con las asociaciones y confirmó el marco legal aplicable.
Las entidades firmantes temen que la introducción de maquinaria en la zona, prevista de forma inminente, provoque la desaparición definitiva de la colonia felina. Advierten, además, de las consecuencias sanitarias de desmantelar una colonia controlada, pues consideran que esto facilitaría la aparición de nuevos gatos sin control veterinario, generando un riesgo para la salud pública.
“No queremos paralizar las obras del Parque Lobera ni respondemos a intereses políticos”, aclaran. “Solo pedimos una solución razonable y legal que garantice el bienestar de los animales”.
Por ello, instan a las autoridades locales a rectificar de inmediato las acciones emprendidas y a cesar cualquier intervención que vulnere la legislación vigente. Mientras tanto, aseguran que permanecerán atentas al desarrollo del procedimiento judicial en curso y seguirán luchando por la protección de los animales sin voz.
