El director general de Sociedad de la Información e Innovación Tecnológica de la Ciudad Autónoma de Melilla, Jesús Martínez, ha salido al paso de las recientes declaraciones del ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, en las que este acusaba a los operadores de juego online de comportamientos éticamente reprobables. Castillo ha calificado sus palabras de “irresponsables”, asegurando que suponen “actuar con mala fe y con un claro desconocimiento del sector”.
La respuesta de Martínez, recogida por el medio especializado AzarPlus, tiene como objetivo defender a las empresas de juego online que operan desde Melilla, muchas de ellas bajo licencia de la Dirección General de Ordenación del Juego (DGOJ) y cumpliendo con la normativa vigente. El alto funcionario melillense no dudó en calificar las acusaciones del ministro como “gravísimas”, al entender que generalizan y criminalizan a un sector que cumple con la legalidad y que representa una importante fuente de empleo, inversión e innovación para el tejido económico y digital de la ciudad.
Las palabras que han desatado la polémica se produjeron durante una comparecencia de Bustinduy, en la que el ministro afirmó que “hay operadores económicos sin escrúpulos que no tienen ningún reparo en aprovecharse de quienes tienen situaciones de mayor necesidad”. Aunque no mencionó explícitamente a ninguna empresa ni territorio, su intervención fue interpretada por Martínez como un ataque directo a las compañías de juego online que tienen su sede en Melilla. Para el responsable de Innovación, este tipo de mensajes solo contribuyen a generar desinformación, desconfianza social y a fomentar un discurso estigmatizante.
“Este tipo de afirmaciones generan alarma social sin fundamento y desprestigian de forma gratuita a un sector que opera bajo estrictos estándares de regulación”, sostuvo el director de Innovación. A su juicio, acusar al conjunto de operadores de “sin escrúpulos” es una irresponsabilidad que debería preocupar a todos los sectores implicados, incluidos los reguladores y la propia Administración General del Estado. Jesús Martínez recordó que las empresas del sector del juego digital en Melilla están sometidas a controles fiscales, técnicos y legales, y cumplen con auditorías permanentes impuestas por la normativa nacional.
Desde Melilla, defendió el modelo de implantación de empresas tecnológicas vinculadas al juego online, muchas de las cuales han elegido la ciudad por sus ventajas fiscales, el régimen económico especial y el impulso de un ecosistema digital en crecimiento. “Estas empresas no solo cumplen con la ley, sino que invierten en innovación, crean empleo cualificado y contribuyen de forma directa e indirecta a la economía local”, afirmó, destacando además el compromiso de muchas de ellas con el juego responsable, la transparencia y la protección del usuario.
Recordó asimismo que la industria del juego online está sometida a una de las regulaciones más estrictas de Europa y que cualquier irregularidad puede ser sancionada por la DGOJ. “No se puede estigmatizar a todo un sector por posibles prácticas aisladas o por una visión ideológica sesgada del juego”, añadió. Consideró además que este tipo de declaraciones deberían contrastarse previamente con datos, informes técnicos y con un conocimiento real del funcionamiento legal y económico del sector.
La intervención de Bustinduy se enmarca en una línea crítica que el actual Gobierno de coalición del PSOE y Sumar ha mantenido hacia la industria del juego, especialmente en lo relativo a su impacto social. Desde su llegada al Ministerio, el dirigente de Sumar ha defendido la necesidad de reforzar la protección de colectivos vulnerables frente a los riesgos de la ludopatía, endureciendo los controles, restricciones publicitarias y limitaciones de acceso.
En algunos sectores sociales y políticos, sus declaraciones han sido aplaudidas como un intento de proteger a los más débiles del sistema. Sin embargo, desde Melilla se considera que esta visión no puede justificar afirmaciones “injustas y desproporcionadas” que afectan a empresas que operan legalmente. “No se puede combatir la ludopatía atacando al tejido empresarial que cumple la normativa. Hay que distinguir entre lo que es legal y lo que no lo es”, insistió el director general.
El sector del juego online representa uno de los pilares del desarrollo tecnológico y económico de Melilla en los últimos años. La presencia de estas empresas ha permitido diversificar la economía local, atraer talento nacional e internacional y reducir la dependencia del empleo público. En un territorio con altas tasas de desempleo, el impulso del sector digital se ha convertido en una prioridad estratégica. Las empresas no solo generan empleo directo en perfiles tecnológicos, jurídicos y administrativos, sino que también contribuyen al crecimiento de sectores auxiliares.
Las políticas de Innovación Tecnológica impulsadas por la Ciudad Autónoma han buscado posicionar a Melilla como un enclave digital competitivo, promoviendo la implantación de infraestructuras de conectividad, programas de formación en competencias digitales y apoyo a startups.
En este contexto, las declaraciones del ministro se perciben como un intento de desprestigiar un modelo que, según Martínez, “ha demostrado ser eficaz, legal y generador de oportunidades”. Para el responsable de Innovación, cuestionar sin fundamento ese modelo, además de injusto, es contraproducente para los intereses del país y especialmente para una ciudad como Melilla, que necesita consolidar su economía digital como una vía de futuro.
En lugar de declaraciones “imprudentes”, el director de Innovación pide al Gobierno central un mayor diálogo con los territorios que apuestan por la economía digital, así como un reconocimiento al esfuerzo de las empresas que apuestan por la legalidad y la innovación. “Lo que necesitamos son políticas públicas que fomenten la colaboración, no discursos que alimenten el prejuicio”, concluyó.
