El Gobierno de España considera posible alcanzar un acuerdo con las comunidades autónomas para aprobar el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, a pesar del rechazo expresado por las regiones gobernadas por el Partido Popular (PP), que representan once de las diecisiete comunidades autónomas y concentran el 70% del suelo del país.
Así lo han manifestado fuentes del Ministerio de Vivienda tras la reunión de la comisión multilateral celebrada este jueves en Madrid. El encuentro fue convocado por la ministra Isabel Rodríguez con el objetivo de presentar de forma oficial los detalles del nuevo plan, que contempla una inversión de 7.000 millones de euros para los próximos cinco años, lo que supone triplicar los fondos destinados en el plan anterior.
Pese a que el encuentro concluyó sin acuerdo con las comunidades del PP, desde el ministerio se destacó el “tono constructivo” y la voluntad de diálogo expresada por varias delegaciones autonómicas. Ante esta situación, se ha acordado la convocatoria de una nueva reunión con los consejeros autonómicos en las próximas semanas para intentar acercar posturas y lograr un consenso que permita aprobar el plan antes de que finalice el año.
El Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 está concebido como una herramienta para garantizar el derecho a una vivienda digna y adecuada, y prevé un modelo de cofinanciación en el que el Estado asumirá el 60% de la inversión, mientras que el 40% restante corresponderá a las comunidades autónomas y a las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.
Entre los ejes principales del plan se encuentra la protección permanente de las viviendas públicas construidas con recursos estatales, la mejora en la transparencia de los datos relacionados con el acceso a la vivienda y una distribución territorial de los fondos basada en criterios objetivos de necesidad y población.
En la asignación de fondos destaca Andalucía, que lidera la cuantía total, mientras que la Región de Murcia es la comunidad que experimenta el mayor incremento porcentual con respecto al anterior plan. Desde el Ministerio de Vivienda se insiste en que el reparto es técnico y busca atender a la demanda real en cada territorio.
Crítica desde Melilla
Las comunidades autónomas gobernadas por el PP han mostrado su oposición al plan, argumentando que el modelo propuesto implica una sobrecarga financiera para las regiones y que invade competencias autonómicas. A pesar de ello, el Gobierno mantiene su intención de llegar a un acuerdo que permita poner en marcha el programa con el mayor consenso institucional posible.
En el caso concreto de Melilla, el rechazo ha sido especialmente contundente. Tal como informó El Faro de Melilla, el Ejecutivo melillense acusó al Gobierno central de abandono y denunció que el nuevo plan ignora las singularidades de la ciudad, en la que existe una alta demanda de vivienda pública y problemas estructurales relacionados con la falta de suelo disponible.
Desde el Ministerio de Vivienda recuerdan que el diálogo sigue abierto y que se han recogido las observaciones realizadas por las comunidades autónomas durante la reunión. "El objetivo es lograr un acuerdo plural, sólido y con vocación de permanencia", apuntaron fuentes ministeriales, que subrayan también la urgencia de tener aprobado el plan antes de que termine 2025 para evitar un vacío normativo en materia de vivienda pública a partir de enero.
La fecha para la próxima reunión de la comisión multilateral aún no ha sido fijada, pero se espera que tenga lugar antes del mes de noviembre. En ella se continuará trabajando en las propuestas técnicas y jurídicas que permitan a las comunidades sentirse corresponsables de un proyecto que el Ejecutivo considera prioritario para dar respuesta al creciente problema del acceso a la vivienda en todo el país.
