En la segunda parte de las preguntas que CpM ha llevado al Pleno de Control se encuentra la relativa a las oposiciones de Bomberos, anuladas parcialmente por la Justicia, y que han causado un enfrentamiento con el Gobierno autonómico. La diputada Dunia Almansouri ha exigido el cese inmediato de la jefa del Cuerpo, mientras que la consejera de Presidencia, Marta Fernández, ha replicado señalando la falta de actuación del anterior Ejecutivo en 2020.
Almansouri ha subrayado que el proceso selectivo quedó “contaminado” por las modificaciones de criterios realizadas por la presidenta del tribunal de oposición, lo que habría favorecido a una candidata en detrimento de otros aspirantes. “Es curioso que el Cuerpo de Bomberos se haya convertido en un colectivo plagado de familiares”, acusó la diputada de CpM, para después añadir: “Es motivo suficiente para cesar a cualquier cargo de confianza como el que ocupa esta persona. ¿Cree usted que si se revisaran todos esos procedimientos no nos podríamos encontrar otras situaciones parecidas a esta?”.
Según ha defendido Almansouri, las dos instancias judiciales previas ya han dejado claro que existió manipulación en el proceso. “Será muy difícil que una tercera instancia proclame lo contrario, porque cualquier persona con sentido común entiende lo que se hizo en ese tribunal”, recalcó.
Ante estas acusaciones, Marta Fernández ha sido clara. “Las sentencias solo se pueden ejecutar cuando son firmes, y todavía cabe recurso ante el Supremo”. Ha recordado que el Ejecutivo actual sí incoó un expediente de información reservada a los miembros del tribunal cuando llegó la primera resolución, pero que, por la inacción del Gobierno anterior, el asunto prescribió. “Ustedes no hicieron nada en 2020. No incoaron expediente de responsabilidad ni de información reservada. No pueden venir ahora a exigir lo que ustedes mismos no hicieron”, ha replicado la consejera.
Fernández también ha reprochado que CpM critique ahora el acceso a expedientes en las oposiciones de Policía Local cuando, según dijo, “a todos los aspirantes se les dio acceso y recurrieron”. Y ha lanzado un dardo a la bancada de la oposición. “¿Hace falta que le dé nombre y apellidos de las personas que entraron en las oposiciones de Policía Local en su etapa de Gobierno? Mejor cállese”.
El Pleno también ha abordado la ejecución del nuevo programa de ayudas para uniformes escolares. La diputada de CpM, Cecilia González, ha mostrado dudas sobre el mecanismo escogido por el Ejecutivo. “¿Es una subvención? ¿Es una ayuda? ¿Quién lo va a publicitar? No queda absolutamente nada claro”.
El consejero de Educación, Miguel Ángel Fernández Bonnemaison, ha defendido la medida y ha negado cualquier irregularidad. "Le voy a aclarar todas las dudas pero lamento profundamente la demagogia. Primero felicita por la medida y después cuestiona que realmente vaya a ser para los más necesitados".
Ha explicado que la ciudad destinará 270.000 euros a todos los centros de Infantil, Primaria y Educación Especial, con un máximo de 14.999 euros por colegio. “Este proceso es totalmente transparente, adecuado y se ajusta a la legalidad. Los equipos directivos, con acuerdos refrendados en el Consejo Escolar, establecerán los criterios objetivos para otorgar las ayudas a las familias que más lo necesiten”.
El diputado de CpM, Emilio Guerra, ha planteado en otra pregunta abrir un diálogo sobre el modelo actual de feria que, a su juicio, necesita una revisión profunda. “Nuestras fiestas han perdido parte de su función social, se han convertido en un acontecimiento que solo unos pocos pueden disfrutar”, ha lamentado.
La consejera de Cultura, Fadela Mohatar, se ha mostrado abierta a estudiar propuestas, pero ha defendido el trabajo realizado. “Tenemos un calendario absolutamente intercultural. Creo, al menos modestamente, que vamos por el buen camino".
Por otro lado el debate sobre el reconocimiento de Melilla como región ultraperiférica de la Unión Europea ha vuelto a aparecer en la sesión. Emilio Guerra ha expresado su preocupación por el camino escogido por el Gobierno, al considerar que “es más largo y burocráticamente complejo” que otras fórmulas como una zona económica especial.
Marta Fernández ha insistido en que el Ejecutivo está trabajando sin descanso. “No hemos dejado de trabajar, aunque ustedes piensen que es un camino largo. Es el que marca la ley”. Ha detallado las gestiones emprendidas ante la Unión Europea, el Gobierno central y el Parlamento español. Entre ellas, el envío de un documento al Grupo Popular Europeo, una carta al presidente del Gobierno solicitando beneficios análogos a las regiones ultraperiféricas y una proposición no de ley en el Congreso pendiente de tramitación.
