La Delegación del Gobierno en Melilla ha respondido este lunes a las recientes declaraciones del vicepresidente primero de la Ciudad Autónoma, Miguel Marín, quien acusó al Ejecutivo central de actuar con arbitrariedad y sin recursos suficientes en el proceso de reubicación de menores migrantes no acompañados. Desde la institución estatal se ha querido subrayar que la cooperación entre administraciones en este ámbito ha sido constante, fluida y constructiva.
Según fuentes de Delegación, los equipos técnicos de ambas administraciones han venido manteniendo reuniones periódicas, tanto para coordinar la ejecución de los traslados como para dar seguimiento a cada expediente. En este sentido, remarcan que los técnicos de la Ciudad han estado presentes en todo el proceso y han participado activamente en la toma de decisiones.
Desde Delegación se considera que algunas afirmaciones realizadas desde el Gobierno local podrían deberse a un "desconocimiento" del trabajo que se viene realizando en los distintos niveles técnicos y administrativos. "Se ha trabajado con rigor, de manera transparente y siempre con el objetivo de proteger el interés superior del menor", destacan fuentes de la institución gubernamental.
Estas manifestaciones se producen días después de que el vicepresidente segundo de la Ciudad Autónoma, Miguel Marín, acusara al Gobierno de España de “falta de planificación, arbitrariedad y ausencia de recursos” en el proceso de traslado de menores no acompañados, al tiempo que cuestionaba que comunidades como Cataluña vayan a participar en la acogida. Marín afirmó entonces que la Ciudad no había recibido información detallada sobre cuántos menores serían trasladados ni a qué lugares, una situación que, según dijo, generaba una gran incertidumbre institucional.
Ante estas declaraciones, desde Delegación se ha desmentido que Cataluña haya rechazado acoger menores procedentes de Melilla, y se ha matizado que, en realidad, podría ser una de las comunidades que participe en la distribución. En cualquier caso, insisten en que todo el proceso se está llevando a cabo conforme a un marco legal aprobado recientemente, que prioriza la respuesta humanitaria y la colaboración institucional ante la actual contingencia migratoria.
El nuevo modelo legal, según recuerda Delegación, tiene como pilar central la protección de la infancia migrante, reforzando el papel coordinador del Estado en el reparto de menores y asegurando que cada comunidad autónoma asuma su parte proporcional en función de sus capacidades. De hecho, desde el pasado mes de agosto se han intensificado las reuniones multilaterales con distintas regiones, en las que también han participado representantes técnicos de la Ciudad Autónoma.
En cuanto a la preocupación expresada por el Gobierno local sobre la falta de recursos para atender adecuadamente a los menores, desde Delegación se insiste en que el Estado ya ha movilizado fondos específicos para este fin y que se continúa trabajando con las comunidades autónomas para asegurar que los dispositivos de acogida sean adecuados y sostenibles.
La respuesta de Delegación pretende rebajar la tensión institucional y reafirmar el compromiso del Ejecutivo central con una gestión “responsable, legal y solidaria” del fenómeno migratorio en Melilla. Además, ponen en valor el trabajo de los profesionales de ambas administraciones, que —según insisten— han mantenido una línea de cooperación continua durante todo el proceso.
