El Consejo de Ministros tiene previsto aprobar este martes el decreto definitivo que activará el mecanismo de solidaridad obligatoria para el reparto de menores migrantes no acompañados entre las comunidades autónomas, una medida que busca descongestionar los territorios que actualmente soportan una presión desproporcionada en materia de acogida.
El texto legal fijará de forma concreta la capacidad ordinaria de acogida de cada comunidad, estableciendo una ratio estándar de 32 menores por cada 100.000 habitantes. A partir de este cálculo, se determinarán las plazas mínimas que debe tener cada territorio, en función de su población y otras variables. El objetivo principal es redistribuir a unos 3.000 menores desde zonas especialmente tensionadas, como Canarias y Ceuta, hacia comunidades que disponen de más capacidad.
Este paso se produce tras la reciente reforma de la Ley de Extranjería, que introdujo la figura del reparto obligatorio de menores no acompañados. La medida fue impulsada por el Gobierno central con el rechazo del Partido Popular, que ha mantenido su oposición tanto a la reforma como al decreto.
Además del reparto, el Ejecutivo prevé aprobar en los próximos días la declaración de situación de contingencia migratoria para los territorios cuya ocupación de recursos triplica su capacidad ordinaria. Esta declaración afecta directamente a lugares como Canarias y Ceuta, que se han convertido en principales puntos de entrada de menores migrantes y donde los centros de acogida están al borde del colapso.
Una vez entre en vigor este sistema, a partir del mes de septiembre, cualquier menor no acompañado que llegue a una comunidad con recursos desbordados deberá ser trasladado a otra región en un plazo máximo de 15 días.
Según los últimos datos oficiales, la mayoría de comunidades acogen actualmente a menos menores de los que deberían. Las diferencias más acusadas se dan en Andalucía (1.372 menos de los que le corresponde), Comunidad Valenciana (1.216) y Galicia (620). En el lado opuesto, regiones como Euskadi, Baleares, Ceuta y Canarias están por encima de su ratio.
El cómputo de traslados no solo se basará en criterios demográficos. También se tendrá en cuenta la renta de cada comunidad, su tasa de paro, el esfuerzo previo de acogida realizado, la dispersión territorial y factores geográficos como la insularidad o la condición de ciudad fronteriza.
En base a los cálculos iniciales realizados en julio, los territorios que más menores acogerán serán Andalucía (677), Madrid (647) y la Comunidad Valenciana (571). También asumirán una parte importante del reparto regiones como Castilla-La Mancha (320), Galicia (317), Aragón (251) y La Rioja (205), entre otras. Por su parte, Cataluña y País Vasco no deberán acoger a más jóvenes por haber alcanzado ya su cupo en campañas anteriores, aunque Cataluña ha anunciado su intención de recibir al menos a 31 menores.
La medida ha generado un amplio rechazo entre varias comunidades gobernadas por el PP. Diez de ellas, junto a Castilla-La Mancha, han presentado recursos ante el Tribunal Constitucional. La Comunidad de Madrid ha recurrido también al Tribunal Supremo y el Govern balear ha solicitado la suspensión cautelar del decreto.
A pesar de los recursos judiciales en marcha, mientras la legislación continúe vigente, las comunidades están obligadas a cumplir con las derivaciones. En caso de negativa, el personal que acompañe a los menores podrá solicitar la intervención de las fuerzas de seguridad del Estado, que informarán a la Fiscalía y entregarán al joven a la entidad correspondiente.
El nuevo sistema representa un esfuerzo por construir un modelo de acogida más equitativo y coordinado, donde todas las comunidades participen solidariamente en la atención a menores en situación de vulnerabilidad, uno de los mayores desafíos sociales y humanitarios que afronta el país en materia migratoria.
