Sin techo

La vivienda, sin olvidar la conciliación laboral y familiar ni la dependencia, se ha convertido junto a la sanidad y la educación (que bajo el paraguas competencial y en parte nada desdeñable son capítulo de negocio privado), en uno de los problemas más acuciantes de la sociedad actual. La disponibilidad de una vivienda para vivir dignamente, en un mar de casos, choca con la especulación; el avance de los tiempos, el progreso con la consiguiente libertad de negocio y comercio, también su desvarío, ha convertido el corazón de grandes ciudades, y no tan grandes, en un puro mercado inmobiliario y en una diáspora de lugareños.

Si bien y lógicamente, cada cual con sus propiedades puede hacer lo que le parezca dentro de la ley (que tantas veces se salta o violenta), es también la ley y su salvaguarda por las Administraciones Públicas, que siendo humana, debe afanarse en su consecuencia, la humanidad, para que a quienes menos le amparó el éxito, el esfuerzo o la suerte (otros disfrutan de cosecha “delicuencial” tras un sembrado de dinero sucio) no se vean, como se ven, arrastrados ante la falta de oportunidades y posibilidades hacia los bordes o ni siquiera a ellos.

Hay bastante terreno público en circunstancias baldías o desuso ya por su inutilidad que son reclamados por instituciones, se supone, para su gestión en aras al bien general y dedicarlos a la gente y sus necesidades, en primer lugar la vivienda social. Pero también es cierto que cuando, vía convenios o expropiación, se han puesto a su disposición, han acabado igualmente yermos o, como por “arte de birlibirloque”, con frecuencia, en la especulación o a disposición del negocio privado, cuando no, y por todo ello, para compensar “favores o compromisos”.

De hecho, sin techo al alcance de familias de pocos recursos, o del inicio de ellas, de la emancipación de jóvenes o de quienes, estos, aspiran al estudio y formación más allá de la casa familiar, la dificultad al acceso de una vivienda, en alquiler o propiedad, o el fortalecimiento de la competitividad de una juventud instruida, con las efectos positivos que derivan en la sociedad en sí, acaba siguiendo a ser casi una entelequia. Debajo de un puente es “complicado” vivir o estudiar. No todo o casi, debe cernirse en las posibilidades a atender las demandas de empleados públicos o turistas ocasionales, quienes también tienen derecho, faltaría, pero no en el orden de prioridad.

Las declaraciones públicas, no sin su dosis de grandilocuencia por lo general y de reproches al adversario político al que tan a menudo y erróneamente se le trata más como enemigo, acerca de proyectos y “promesas” de construcción de viviendas y otras infraestructuras para lo anteriormente señalado, por lo que la realidad recuerda, suelen quedar, en el mejor de los casos, en poco y, cuanto menos, muy insuficiente.

Nadie puede estar contra el progreso y la libertad económica que se ampare en lo legal, pero progreso es, también y aún más, facilitar y favorecer acciones para la juventud, pero estructurales y ciertas. Igualmente para el ámbito de familias que no gozan el dispendio suficiente como para pensar, y sobre todo sentir, que el derecho a la calidad de vida también les pertenece. Quienes dictan y ejecutan las normas deben de favorecerles. La asignatura, y por lo que concierne es vital, de primer orden, sigue pendiente. La tendencia debe cambiar.