El presidente de la Ciudad Autónoma, Juan José Imbroda abordó este viernes la polémica situación que atraviesan los trabajadores de la ludoteca gestionada por la empresa Alvalop, quienes han denunciado retrasos reiterados en el cobro de sus salarios. En su comparecencia, el dirigente popular cargó contra la compañía a la que acusó de carecer de la solvencia necesaria para cumplir sus obligaciones, y adelantó que ya se han iniciado expedientes administrativos para sancionarla e incluso inhabilitarla de cara a futuros contratos con la administración.
"La historia de Alvalop en Melilla es una historia desgraciada", resumió Imbroda, visiblemente indignado. "Una empresa que se presenta a un concurso, que lo gana, tiene que tener la solvencia suficiente para pagar sus nóminas a final de mes. Y eso no lo está haciendo. Que no me vengan con que la administración tarda tres meses en pagar. La relación laboral es suya con los trabajadores, no con nosotros. Si no tienen solvencia, que no se presenten", zanjó.
"Si pudiera firmar para echarla, lo haría"
El presidente dejó claro que comparte la indignación de los empleados y de las familias afectadas. “Evidentemente estoy indignadísimo con esta empresa. Si pudiera ahora mismo dar una firma para quitarla, la daría. Pero en la administración las cosas no funcionan así. Hay plazos, hay procedimientos y hay leyes que cumplir”, señaló.
En este sentido, insistió en que la Ciudad Autónoma no tiene la capacidad de rescindir unilateralmente un contrato sin seguir el cauce legal, puesto que ello podría derivar en indemnizaciones y responsabilidades. “Un político no puede llegar y decir: te echo. Esto funciona con una serie de leyes que obligan a los funcionarios responsables a actuar conforme a derecho”, subrayó.
Los expedientes ya están en marcha
Imbroda explicó que desde hace meses se han iniciado expedientes por parte del Ministerio de Sociedad y Bienestar Social para sancionar a Alvalop y estudiar su inhabilitación como contratista del Estado. “Esto ya está andando. El siguiente paso es decirle a la empresa: vamos a por vosotros sí o sí. O cumplís al 100%, o vamos a por vosotros. Vamos a tardar lo que haya que tardar, pero lo vamos a hacer”, prometió.
El presidente admitió que los trámites administrativos son lentos, pero aseguró que el desenlace llegará pronto. “Si yo tuviera un negocio privado, le aseguro que Alvalop habría durado 10 minutos. Pero en la administración los plazos son los que son. Aun así, los expedientes están en curso y creo que no van a tardar mucho en resolverse”, aseguró.
Un problema recurrente con las contratas
Imbroda recordó que no es la primera vez que Melilla atraviesa una situación similar con empresas adjudicatarias de servicios públicos. Como ejemplo citó el caso del centro de La Purísima, en el que una compañía incumplió sus obligaciones y terminó siendo sustituida por Tragsa, la empresa pública que asumió la gestión.
“Al final se pudo decirles: váyanse ustedes, y se fueron. Contratamos a Tragsa, que se quedó con aquello, y el problema se resolvió. Aquí pasará lo mismo. Tarde o temprano habrá que decirle a Alvalop: hasta aquí hemos llegado”, comparó.
La biblioteca, un proyecto del PP
En su intervención, el presidente quiso recordar además que la red de bibliotecas y ludotecas de la ciudad fue una creación del Partido Popular cuando él mismo estaba en el gobierno. “Fue un invento de desarrollo y creación del PP, porque hacía falta fomentar espacios de estudio para los niños en las barriadas. Creo que lo pusimos en marcha en 2008 o 2009, y han estado funcionando bien”, explicó.
Por eso, señaló que le duele especialmente ver cómo un servicio pensado para fomentar la igualdad de oportunidades educativas en los barrios se ve ahora empañado por la gestión de una empresa privada.
La ley obliga a adjudicar al mejor postor
Imbroda recordó que la adjudicación de contratos está regulada por la Ley de Contratos del Sector Público, que obliga a las mesas de contratación a elegir la mejor oferta económica y técnica, independientemente de quién sea el licitador. “Alvalop se presentó otra vez y su oferta fue mejor que las demás. Los funcionarios que componen la mesa de contratación no tuvieron más remedio que adjudicarle el contrato”, explicó.
Esto, recalcó, no significa que la administración tenga la capacidad de elegir discrecionalmente a una empresa. “No puedes decir ahora mismo que te gusta o no te gusta la adjudicataria. No se puede. Administrativamente no se puede hacer. Lo marcan las leyes y las normas de contratación”, insistió.
En definitiva, el presidente no quiso adelantar plazos sobre la posible resolución del contrato, pero dejó entrever que el futuro de Alvalop en Melilla está prácticamente sentenciado. “Vamos a por vosotros. Vamos a tardar lo que tengamos que tardar, pero esto se va a acabar. Ya se ha iniciado el camino para que esta empresa no vuelva a contratar con la administración. Y vendrá otra que cumpla, porque aquí lo que está en juego son los trabajadores y las familias”, concluyó.
