El Tribunal de Cuentas (TCU) ha emitido un duro informe en el que concluye que no se han producido mejoras relevantes en la gestión del Hospital Comarcal de Melilla desde su anterior fiscalización en 2018. Según este nuevo análisis, el centro sanitario, dependiente del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa), arrastra múltiples deficiencias que afectan tanto al funcionamiento interno como a la calidad de la atención prestada.
Entre las principales conclusiones, el TCU alerta de irregularidades en la contratación de servicios, deficiencias en la planificación de recursos, un sistema de información obsoleto y una ineficiente gestión de cobros por asistencia sanitaria. Todo ello evidencia, según el organismo fiscalizador, una falta de evolución significativa pese a las advertencias lanzadas hace siete años.
El informe, que analiza los ejercicios de 2022 y 2023, destaca que el Hospital Comarcal continúa con serias debilidades estructurales. Entre ellas, el TCU menciona problemas en la gestión de las retribuciones del personal, adquisición de material sin procedimiento legal, y prolongaciones irregulares de contratos de servicios por fallos en la planificación. Además, subraya la falta de justificación y control en la utilización de medios ajenos para prestar asistencia sanitaria.
También pone el foco en los sistemas informáticos del hospital, que considera desfasados y carentes de integración y operatividad suficientes. Esta situación, advierte el Tribunal, limita la eficiencia operativa y afecta al seguimiento de los procesos sanitarios. En este sentido, recomienda la urgente actualización de estos aplicativos, así como la fijación de tiempos máximos de acceso a la atención sanitaria programable para los pacientes.
Recomendaciones a Sanidad
El Tribunal de Cuentas no se limita a enumerar las deficiencias. En su informe, insta directamente al Ministerio de Sanidad a adoptar medidas correctoras. Entre ellas, destaca la aprobación de normas sobre tiempos máximos de atención, el desarrollo de instrumentos de planificación específicos para ordenar la actividad hospitalaria y la modernización de los sistemas informáticos. Además, propone reforzar los mecanismos de facturación y cobro, depurar saldos pendientes y mejorar el seguimiento de servicios externalizados.
Estas medidas, asegura el TCU, son imprescindibles para garantizar una gestión eficiente, transparente y adaptada a las necesidades reales de la población.
Junto a los fallos en la gestión sanitaria, el informe fiscalizador también denuncia una situación especialmente preocupante: el Ministerio de Sanidad acumula una deuda de 70,6 millones de euros en facturas pendientes de cobro por asistencias prestadas en Melilla desde 1979. El grueso de esa deuda, generada entre 2000 y 2017, corresponde principalmente a atenciones a usuarios del CETI y extranjeros sin derecho a sanidad pública, de los cuales apenas se ha reclamado un 5% por la vía ejecutiva.
El Ingesa, en sus alegaciones al TCU, señala las dificultades legales para aplicar la vía ejecutiva a ciudadanos con domicilio en Marruecos, dado que no existe un convenio de asistencia mutua entre ambos países. A pesar de ello, el Tribunal insiste en que el circuito de facturación no ha corregido deficiencias relevantes y urge a implementar medidas que faciliten la liquidación y el cobro efectivo.
Coincidencia con las denuncias
El Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Melilla ha emitido un comunicado en el que avala plenamente las conclusiones del Tribunal y recuerda que desde 2022 viene denunciando públicamente muchas de las deficiencias ahora señaladas. Entre ellas, menciona la falta de previsión del Ingesa, la existencia de vacantes clave sin cubrir y un modelo de gestión que ha derivado en recortes en servicios esenciales, retrasos y saturación asistencial.
Desde la entidad colegial insisten en que “no se ha movido un dedo ni un papel” para resolver problemas como la difícil cobertura de determinadas especialidades. También reclaman una planificación coherente y estructurada, así como medidas efectivas para revertir la situación de deterioro en la atención sanitaria.
El artículo publicado esta semana por El Faro de Melilla sobre este mismo asunto destaca que la fiscalización pone en evidencia una falta de liderazgo institucional y una gestión que, pese a las alertas reiteradas, no ha avanzado en aspectos clave como la contratación transparente, el control del gasto o la planificación a medio plazo.
Este nuevo informe llega en un momento especialmente sensible, cuando se acumulan años de promesas incumplidas en torno al nuevo Hospital Universitario de Melilla, todavía sin fecha de apertura definitiva. La falta de soluciones estructurales a los problemas señalados por el TCU aumenta la presión sobre el Ministerio y refuerza el malestar existente entre profesionales sanitarios y ciudadanía.
El diagnóstico del Tribunal de Cuentas es claro: no ha habido avances sustanciales en la gestión del Hospital Comarcal de Melilla desde 2018. A pesar de las recomendaciones previas, las mismas carencias siguen presentes. La deuda millonaria, las deficiencias administrativas y la obsolescencia tecnológica revelan un sistema con múltiples fallos estructurales que afectan directamente a la calidad del servicio. Con este informe sobre la mesa, ahora es el Ministerio de Sanidad quien debe dar respuestas concretas y adoptar medidas urgentes que pongan fin a esta situación cronificada.
