El Tribunal de Cuentas (TCU) ha instado al Gobierno de Pedro Sánchez a establecer una nueva regulación más estricta sobre las subvenciones al transporte marítimo en los territorios extrapeninsulares, incluyendo Melilla, Ceuta, Canarias y Baleares. En un informe aprobado recientemente sobre el ejercicio 2023, el organismo fiscalizador plantea revisar los criterios actuales con el fin de mejorar el control, limitar abusos y garantizar la sostenibilidad del sistema.
Según el documento, al que ha tenido acceso EFE, en 2023 se destinaron 227 millones de euros a subvencionar 8,6 millones de viajes bonificados para residentes y familias numerosas, de los cuales el 93,7% (más de 213 millones) correspondieron a ayudas para residentes. Estas bonificaciones permiten cubrir hasta un 75% del precio del pasaje marítimo para facilitar la conectividad entre las islas y ciudades autónomas con el resto del territorio nacional.
El órgano fiscalizador advierte que el actual sistema presenta importantes deficiencias. En primer lugar, señala que el acceso a las ayudas únicamente requiere acreditar el empadronamiento, sin medidas que garanticen que el beneficiario reside de manera efectiva en el territorio. Esto, según el Tribunal, podría estar permitiendo que personas con residencia real en la península accedan a estas subvenciones.
Además, el informe revela que no se han establecido límites en aspectos como el número de viajes bonificables por persona, el importe de los billetes o el tipo de acomodación. Entiende que esa falta de regulación ha generado diferencias significativas entre beneficiarios, favoreciendo a quienes optan por acomodaciones más caras, generalmente con mayor capacidad económica. También se ha detectado que algunas tarifas elevadas incluyen servicios como restauración, que por ley no deberían estar subvencionados.
Por ello, el Tribunal sugiere aplicar límites basados en diferentes criterios: un importe fijo por trayecto, un número máximo de viajes bonificables, un tope en la tarifa subvencionable o incluso tener en cuenta la renta del usuario. “Parece necesario excluir las bonificaciones o limitarlas a un importe máximo en los billetes correspondientes a acomodaciones de categorías superiores o de lujo”, recoge el informe.
El TCU también ha detectado un control insuficiente sobre las tarifas pactadas en los contratos con las navieras. Esta deficiencia provocó el abono de bonificaciones excesivas. En respuesta, la Dirección General de la Marina Mercante ha iniciado procedimientos administrativos de reintegro contra dos navieras por un exceso de bonificación en 331.074 embarques realizados durante 2023, con un importe estimado de 1,14 millones de euros. También se están revisando ejercicios anteriores para detectar posibles irregularidades.
En cuanto a los contratos de líneas de interés público, el informe recomienda analizar previamente la necesidad de la intervención estatal en determinadas rutas. En el caso de Melilla, el Tribunal destaca que en las rutas Málaga-Melilla y Almería-Melilla no se ha demostrado la necesidad de mantener contratos de servicio público, ya que existe competencia suficiente en el mercado.
Estas conclusiones contrastan con las recientes declaraciones del ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, quien aseguró en marzo pasado, en una visita a la ciudad, que “la subvención al transporte para los residentes en Melilla no se va a tocar”. Según recogió El Faro de Melilla, Torres quiso enviar un mensaje de tranquilidad a la población tras varias semanas de rumores sobre posibles cambios en los descuentos al transporte marítimo y aéreo.
No obstante, el Tribunal de Cuentas ha hecho hincapié en la necesidad de revisar a fondo el sistema vigente para asegurar “una oferta marítima suficiente y de calidad, mejorar la eficiencia del programa y garantizar su sostenibilidad”. En este sentido, también se menciona que los créditos presupuestarios resultan insuficientes y es frecuente tener que recurrir a ampliaciones de crédito o desplazar el gasto al siguiente ejercicio.
Por último, el informe pone de relieve que en 2023 se produjo un incremento del 34% en las bonificaciones respecto a 2019, debido al aumento del número de embarques (un 11%) y a la subida de tarifas, especialmente en zonas con menor oferta marítima. Sin embargo, en rutas como Ceuta-Península o Baleares-Península, donde operan tres compañías, las tarifas no han experimentado cambios.
Bueno, ya nos recortaron las bonificaciones, ya han disparado el precio de los billetes de avión, ya hemos perdido más del 50% de las conexiones con la península. Pues ya bien heridos, que rematen a la ciudad. Ya no quieren venir los médicos, ya no quieren venir militares, y si quiere venir una familia a hacer turismo, le piden 800€ por tres personas desde Málaga. En fin, alguien se lo tendrá que mirar, porque el futuro no pinta nada bien en la ciudad de Melilla.