La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha pedido este miércoles a las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular que no caigan en la "insumisión" y cumplan con la ley de extranjería, aceptando su responsabilidad en la acogida de menores extranjeros no acompañados (MENA) procedentes de territorios como Canarias, Ceuta y Melilla. La declaración se produce en medio de una creciente tensión entre el Ejecutivo central y varias autonomías que rechazan el mecanismo de reparto de estos menores, aprobado recientemente por Real Decreto.
Durante una comparecencia ante los medios en Madrid, Saiz defendió el plan del Gobierno, que prevé la reubicación de aproximadamente 3.000 menores en el plazo de un año, a partir de septiembre. Este sistema busca aliviar la presión sobre los territorios fronterizos que soportan la mayor carga migratoria, en particular Canarias, donde se concentran numerosos menores migrantes en situación de vulnerabilidad.
“Lo que tienen que hacer las comunidades del PP es algo tan sencillo como cumplir la ley de extranjería, y no apelar a la insumisión y al incumplimiento de la legislación”, manifestó la ministra, en alusión directa a las autonomías que han expresado su rechazo frontal al decreto del Gobierno.
Según informó la agencia EFE, diez comunidades gobernadas por el PP, así como Castilla-La Mancha, han interpuesto un recurso de inconstitucionalidad contra el decreto, y se ausentaron de la última Conferencia Sectorial de Infancia convocada para abordar este asunto. Entre las ausencias destacadas en dicho encuentro estuvo la de Melilla, que decidió plantar al Ejecutivo central en señal de protesta, como recogió recientemente El Faro.
Uno de los focos del conflicto es la Comunidad de Madrid, cuyo Gobierno ha reiterado públicamente su negativa a recibir a estos menores, incluso si la atención corre a cargo de fondos estatales. Frente a esta postura, Saiz reafirmó el compromiso del Gobierno de Pedro Sánchez con el cumplimiento del auto dictado por el Tribunal Supremo en marzo, que obliga al Estado a asumir la responsabilidad sobre los menores solicitantes de protección internacional atendidos en Canarias.
La titular de Migraciones subrayó que el Ejecutivo actúa “desde el primer momento” con apego a la legalidad y al interés superior del menor, al que consideró un principio rector en toda la política migratoria. “Somos plenamente conscientes de que estamos hablando de menores en una situación de extrema vulnerabilidad”, enfatizó.
El plan gubernamental ha generado un profundo debate político en torno a las competencias, la solidaridad interterritorial y la gestión humanitaria de la migración. Mientras el Ejecutivo central insiste en que se trata de una obligación legal y moral, varias comunidades sostienen que el modelo impuesto les priva de capacidad de decisión y no garantiza recursos suficientes.
El enfrentamiento amenaza con prolongarse en los tribunales y en el plano político, en un contexto donde el aumento de llegadas de menores migrantes no acompañados continúa poniendo a prueba la capacidad de acogida de las regiones fronterizas, especialmente durante los meses de verano.
