El Partido Popular ha exigido al Gobierno central que haga públicos todos los expedientes relacionados con las obras ejecutadas en la Delegación del Gobierno en Melilla desde el año 2018. La petición llega tras la difusión de nuevos audios del llamado ‘caso Koldo’, que han reavivado las sospechas sobre presuntas irregularidades en contratos adjudicados durante la pandemia y en los que podría haberse favorecido a determinadas empresas vinculadas a la trama.
Esta petición se produce después de que salieran a la luz conversaciones intervenidas a Koldo García, exasesor del exministro José Luis Ábalos y figura central de la investigación que lleva a cabo la UCO de la Guardia Civil. En ellas, se menciona a altos cargos del Ministerio de Política Territorial, departamento que en su momento (20920-2021) estuvo bajo la dirección de Carolina Darias, y que tenía competencia directa sobre las delegaciones del Gobierno.
El PP considera que Melilla es una de las piezas clave en el rompecabezas que trata de resolver la Audiencia Nacional sobre posibles sobrecostes y adjudicaciones opacas de contratos durante la crisis sanitaria. En este sentido, la formación ha dirigido su atención a la gestión realizada por la delegada Sabrina Moh, quien asumió el cargo en 2018 y se mantiene aún en el puesto como representante del Gobierno en la ciudad.
Aunque en el momento de la publicación de los audios no existe ninguna imputación ni mención directa a Moh en la causa judicial, los populares insisten en que se debe revisar con lupa cualquier actuación que haya tenido lugar en el marco de la gestión de fondos públicos. La formación de Alberto Núñez Feijóo también quiere conocer los gastos realizados para mobiliario de dichas instalaciones con cargo a los Presupuestos Generales de 2018.
Por su parte, Sabrina Moh ya defendió públicamente su actuación semanas atrás, cuando comenzaron a surgir las primeras informaciones que vinculaban a distintos delegados del Gobierno con el caso. En una comparecencia ante los medios de comunicación, Moh aseguró que no tenía “nada que ocultar” y negó cualquier implicación en la trama. Afirmó que bajo su mandato se siguieron todos los procedimientos legales y que los contratos relacionados con la pandemia se tramitaron “conforme a la normativa vigente”.
“No hay ninguna investigación abierta en la que yo esté señalada. Todo se hizo con transparencia”, declaró entonces la exdelegada, quien además subrayó que su nombre no aparecía en ningún sumario judicial.
El Partido Popular, sin embargo, insiste en que la transparencia debe prevalecer, sobre todo cuando están en juego recursos públicos. La formación pretende analizar los expedientes para verificar si se recurrió a empresas vinculadas con personas investigadas o si se produjeron sobrecostes injustificados, como ha ocurrido en otros contratos del mismo periodo bajo sospecha.
Hasta el momento, el Gobierno no ha respondido públicamente a la solicitud del PP ni ha aclarado si tiene intención de remitir los expedientes al Congreso. En Melilla, la Delegación del Gobierno tampoco ha emitido ningún comunicado oficial al respecto.
El ‘caso Koldo’ continúa su curso en la Audiencia Nacional, con decenas de contratos bajo la lupa y una investigación que ha sacudido los cimientos de varias instituciones. La exigencia del PP abre ahora una nueva línea de presión sobre la etapa de Moh al frente de la Delegación en Melilla y añade más tensión a un proceso ya de por sí rodeado de controversia.
En estos días, además, han vuelto a salir audios en los que Koldo García y Sabrina Moh hablan acerca de la necesidad de llevar a cabo obras de reparación en el edificio de la Delegación. Koldo se dirige a la delegada con términos como "cariño" pero Moh ha defendido su honestidad y ha asegurado que actuó conforme a la norma.
