El Tribunal de Cuentas ha detectado importantes "deficiencias y debilidades" en la gestión del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa) en Melilla, según se recoge en el informe de fiscalización operativa correspondiente a los ejercicios 2022-2023. El documento, aprobado esta semana, analiza el funcionamiento del organismo sanitario en la ciudad autónoma y concluye que no se garantiza plenamente una atención eficaz, eficiente ni de calidad.
La fiscalización, de carácter operativo, ha evaluado las actividades desarrolladas por el Ingesa en el ámbito de la atención primaria y especializada. El análisis pone de manifiesto que el modelo de gestión adolece de una falta de planificación estratégica, presenta carencias estructurales graves y no dispone de mecanismos adecuados para controlar y evaluar el cumplimiento de los objetivos.
Entre las principales conclusiones del informe, el Tribunal subraya que el Ingesa no cuenta con una planificación estratégica debidamente formalizada. A pesar de la importancia de esta herramienta para orientar las políticas sanitarias, no se han definido objetivos estratégicos medibles ni se han vinculado a indicadores que permitan evaluar su cumplimiento. Esta carencia impide adoptar decisiones informadas y limita la capacidad del sistema para evolucionar y corregir sus debilidades.
El tribunal critica que la toma de decisiones carece de una base de información sólida, al no disponer de diagnósticos sobre las necesidades reales de la población ni sobre la eficacia de los servicios prestados. Esta falta de enfoque estratégico compromete la eficiencia del sistema y genera un uso inadecuado de los recursos disponibles, según establece el informe.
Escasez de personal
El informe dedica un apartado específico a los recursos humanos, uno de los puntos más críticos de la gestión del Ingesa. El órgano fiscalizador advierte de una elevada tasa de temporalidad entre el personal sanitario, lo que afecta tanto a la estabilidad como a la calidad del servicio.
En concreto, la dotación de personal no responde a una planificación ajustada a las necesidades asistenciales. Esta situación ha provocado una sobrecarga de trabajo en determinadas unidades, dificultad para cubrir determinadas especialidades y escasa continuidad en la atención.
Además, el Tribunal subraya que no existen mecanismos suficientes para evaluar el desempeño del personal, ni políticas claras para incentivar la formación continua o la fidelización del talento. Esta precariedad en la gestión del personal es considerada por el órgano fiscalizador como un obstáculo clave para la mejora del sistema.
Otro aspecto señalado con contundencia por el informe es el escaso desarrollo de los sistemas de información sanitaria. El tribunal destaca que las herramientas tecnológicas disponibles no están debidamente integradas, lo que dificulta la recopilación, análisis y explotación de datos sobre la actividad asistencial.
Esta situación impide a los responsables sanitarios tomar decisiones basadas en información objetiva, realizar seguimientos adecuados ni diseñar estrategias de mejora sostenidas. Asimismo, el informe advierte de la falta de interoperabilidad entre los sistemas de atención primaria y especializada, lo que afecta a la continuidad asistencial y genera duplicidades y retrasos.
En cuanto a la atención especializada, el Tribunal de Cuentas documenta la existencia de demoras significativas en la asignación de citas, en la realización de pruebas diagnósticas y en el acceso a determinados tratamientos. Estas demoras se traducen en un deterioro de la calidad percibida por los usuarios y pueden conllevar consecuencias clínicas graves en algunos casos.
El informe señala que no existen protocolos eficaces para priorizar la atención según la gravedad de los casos ni para hacer un uso óptimo de los recursos materiales y humanos. Esta ineficiencia operativa refleja, según el Tribunal, una organización inadecuada que debería corregirse de forma urgente.
Tampoco se aplican herramientas sistemáticas para la evaluación del funcionamiento de los distintos servicios, lo que impide identificar áreas de mejora y controlar el impacto real de las medidas implementadas.
Recomendaciones del tribunal
El Tribunal de Cuentas ha emitido una batería de recomendaciones dirigidas a corregir estas deficiencias. Entre ellas, destaca la necesidad de establecer un modelo de planificación estratégica realista y con objetivos medibles, reforzar la dotación de personal y reducir la temporalidad, mejorar los sistemas de información sanitaria y establecer mecanismos eficaces de control interno y evaluación.
El informe también llama la atención sobre la necesidad de mejorar la coordinación entre niveles asistenciales, facilitar el acceso a la atención especializada y optimizar el uso de los recursos sanitarios para mejorar la eficiencia del sistema.
En sus conclusiones, el órgano fiscalizador advierte que las carencias detectadas comprometen la capacidad del Ingesa para prestar una atención sanitaria eficaz y de calidad en Melilla. Aunque el modelo actual permite cubrir las necesidades básicas, no garantiza que los recursos públicos se utilicen con criterios de eficiencia, ni que se alcancen los estándares deseables de atención.
El informe ha sido publicado en la web oficial del Tribunal de Cuentas y será remitido al Congreso de los Diputados, que podrá solicitar comparecencias o adoptar medidas de seguimiento en caso de considerarlo necesario.
